EE. UU. se entromete en un caso sensible: la eutanasia de Noelia Castillo bajo la lupa extranjera

Que una potencia extranjera pida cuentas sobre decisiones tomadas en nuestro territorio no es un hecho anecdótico: es una intromisión que exige, cuando menos, una respuesta serena pero firme. El Departamento de Estado de Estados Unidos, según informa el New York Post, instruyó a su Embajada en Madrid para recabar información sobre cómo se gestionó el caso de Noelia Castillo. Se trata de una pesquisa que se centra en las decisiones que permitieron llevar a cabo la eutanasia de una ciudadana española.

Los hechos verificados son nítidos: Noelia Castillo, de 25 años, afectada por una paraplejia, recibió la eutanasia en Sant Pere de Ribes tras un periplo judicial de más de año y medio. La concesión del procedimiento data de julio de 2024 y su caso fue validado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el comité independiente que, según la ley, analiza y aprueba cada solicitud de muerte asistida. Los tribunales —el juzgado que dio luz verde y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña— concluyeron que no se había constatado falta de capacidad y que la solicitud de la joven se mantuvo firme desde abril de 2024.

Desde Washington, funcionarios citados por el Post expresaron inquietudes por posibles fallas en la protección de personas vulnerables y cuestionaron la aplicación de la ley en situaciones de sufrimiento no terminal o por condiciones psiquiátricas. También figura en el cable citado que Noelia habría mostrado "dudas" sobre el procedimiento, señal que supuestamente no fue atendida según esas fuentes anónimas. Son sospechas que, por su propia naturaleza, reclaman investigación; pero son también señalamientos que llegan desde fuera, y que deben medirse con las evidencias aportadas por nuestros órganos clínicos y jurisdiccionales.

En España, la reacción no se hizo esperar. El Ministerio de Sanidad ha negado haber recibido comunicación oficial de Estados Unidos y su titular ha replicado públicamente en la red social X, reclamando que la Administración estadounidense "deje de meter sus narices en cualquier sitio" y defendiendo el sistema sanitario y el marco legal español. La ministra ha recordado, además, las graves deficiencias que existen en EE. UU. sobre la cobertura sanitaria, y ha vinculado la crítica norteamericana con la política exterior de la Administración Trump hacia territorios como Gaza e Irán, en términos que ella ha considerado violaciones de derechos humanos.

En el ámbito civil y del activismo, la Fundación Abogados Cristianos manifestó su esperanza hasta el último momento de que la joven pudiera retractarse, calificando el desenlace como un "fracaso del sistema sanitario". Esa voz forma parte del espectro de opiniones que este caso ha generado en la sociedad española.

Los datos que hoy conocemos exigen claridad: la ley, los comités clínicos y los tribunales intervinieron y emitieron sus conclusiones; una potencia aliada ha pedido información y ha expresado preocupaciones; el Gobierno español niega recepción de la comunicación y responde con contundencia. No es prudente, ni posible, suplir la investigación por la diplomacia de opinión. Si hay dudas fundadas sobre la protección de vulnerables, que se reúnan pruebas y se actúe con transparencia. Y si lo que hay son preguntas de jurisdicción y soberanía, que cese la intromisión y se respete el marco legal y las decisiones certificadas por nuestras instituciones.