EE. UU. afloja el cerco: una bocanada de oxígeno para la economía venezolana

Estados Unidos ha decidido aflojar, aunque no romper, el cerco financiero que durante casi una década dejó al Banco Central de Venezuela (BCV) y a varias entidades públicas fuera del sistema financiero internacional. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias que, en la práctica, permiten transacciones de servicios financieros con determinados bancos y personas vinculadas al Gobierno venezolano.

La licencia general número 57 autoriza que la banca pública recupere cierto acceso internacional: el BCV podrá realizar transferencias a través del sistema Swift y, fundamentalmente, podrá importar dólares en efectivo. Esa posibilidad no es un detalle técnico: según el economista José Guerra, exdirector del BCV, facilita inyectar divisas al mercado y contribuir a estabilizar la tasa de cambio, una pieza clave ante el brutal episodio de depreciación reciente.

Los números no admiten eufemismos. En el primer trimestre del año el bolívar se depreció un 36,4%, pasando de 301,37 a 473,87 por dólar según cifras del propio BCV. La devaluación golpea de lleno una economía de facto dolarizada: los precios subieron 71,8% en ese mismo periodo, y expertos advierten del riesgo de deslizarse hacia una nueva hiperinflación si no se actúa con decisión.

La OFAC añadió otra pieza al tablero con la licencia número 56, que permite a empresas estadounidenses suscribir contratos con autoridades venezolanas. Eso allana trámites: abrir cuentas en el extranjero, realizar transferencias y remitir utilidades. Son condiciones necesarias para negocios y para la llegada de capital, aunque no suficientes: la inversión depende también de rentabilidad y seguridad jurídica, admiten los analistas.

No todo queda resuelto. La flexibilización no elimina prohibiciones relevantes, como las operaciones con bonos de PDVSA o la participación en proyectos con capital o personal de ciertos países. Y, además, el gesto de Washington llega en un contexto político convulso: el relajamiento se produjo poco más de tres meses después de una inédita operación militar que EE. UU. lanzó contra Venezuela y que, según la crónica, terminó con el arresto de Nicolás Maduro y su esposa, un hecho que añade complejidad y dudas sobre la estabilidad política del país.

Delcy Rodríguez celebró la medida y dijo que esto puede «abonar el camino para una Venezuela libre de sanciones», pero las palabras necesitan traducirse en políticas económicas creíbles. Que el BCV reciba divisas por la venta de petróleo y minerales, como manda la ley, solo surtirá efecto si esos recursos se usan para ordenar el sistema cambiario y controlar la emisión monetaria.

El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 4% para Venezuela en 2026, impulsado por la recuperación petrolera. Es una señal de posibilidades, no una garantía. La flexibilización de sanciones es una ventana: para que deje de ser un simple gesto y se convierta en recuperación real, Caracas tendrá que dar pasos contundentes en transparencia, disciplina macroeconómica y seguridad jurídica que atraigan flujo de capital y estabilicen precios.

En resumen: la decisión de la OFAC devuelve herramientas al BCV y a la banca pública, permite la llegada de dólares y facilita transacciones internacionales. Pero la verdadera prueba será si esas herramientas se emplean con orden y credibilidad. Sin esos correctivos, la bocanada de oxígeno corre el riesgo de diluirse en la tormenta de la devaluación y la inflación.