Dimisiones y semilibertades: la confianza quebrada en el País Vasco

La dimisión —o mejor dicho, la petición de traslado— de Nerea Cambra, la funcionaria del Gobierno vasco que actuaba como enlace con las víctimas del terrorismo, no es un episodio aislado. Es la grieta visible en un entramado que hasta ahora pretendía mostrarse sereno y controlado. Quien atendía de forma cotidiana consultas, quejas y trámites de las víctimas se marcha cuando el terreno político y penitenciario arde bajo los pies.

No hay en la decisión de Cambra una atribución pública que la vincule directamente a las concesiones de semilibertades; así lo han precisado fuentes del Ejecutivo autonómico. Pero la correlación temporal es evidente: su despedida coincide con la proliferación de regímenes de salida aplicados a presos de ETA mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, entre ellos nombres de relevancia histórica como Garikoitz Aspiazu ('Txeroki') y María Soledad Iparragirre ('Anboto').

Es legítimo preguntar —con la firmeza que exigen las víctimas— cómo se administra una política de reinserción que ha de ser excepcional y controlada cuando se convierte en práctica cotidiana para los etarras. Txeroki y Anboto salen horas al día de la prisión de Martutene; ambos están condenados a centenares de años y no consta arrepentimiento público ni colaboración con la Justicia, según la información disponible. Aun así, participan en un programa de "justicia restaurativa" promovido por el Gobierno vasco, unos encuentros cuya opacidad ha sido denunciada y que han generado malestar entre las asociaciones de víctimas que no fueron informadas.

Covite ha expresado de forma clara su censura por la semilibertad concedida a Anboto, subrayando su condición de dirigente histórica de ETA, su condena y su vinculación a asesinatos. La asociación denuncia además la posibilidad de que se esté forzando una vía excepcional para facilitar salidas anticipadas antes del cumplimiento de un tramo sustantivo de pena. Es una crítica que interpela a quien administra justicia y políticas penitenciarias: la percepción de privilegios, reales o aparentes, es injustificable para quienes padecieron la violencia.

El trasfondo político tampoco es ajeno. Desde la transferencia de prisiones al País Vasco en octubre de 2021, cerca de cien presos han obtenido tercer grado y una treintena el 100.2, según los datos reproducidos. El contexto de entendimiento parlamentario entre el Gobierno central y Bildu, recordado por las palabras públicas de su líder sobre la necesidad de medidas para sacar presos, añade una dimensión política a unas decisiones que deberían responder exclusivamente a criterios jurídicos y de seguridad.

La salida de Cambra, una trabajadora social valorada por su empatía y reconocida por las víctimas, debe leerse como un aviso: la atención a las víctimas y la gestión de su relación con las instituciones no admiten improvisaciones ni opacidad. Si el Gobierno vasco quiere recuperar la confianza perdida, el camino pasa por la transparencia del proceso, la información a las asociaciones afectadas y el escrutinio público de medidas que afectan a la convivencia y a la memoria de quienes sufrieron ETA.

No es momento para eufemismos. La tenacidad de las víctimas exige coherencia institucional. Las políticas penitenciarias y de reinserción no pueden convertirse en instrumentos de cálculo político ni en prácticas habituales sin una explicación pública y veraz. El deber del Estado y de las administraciones autonómicas es garantizar que la justicia no se difumine en la penumbra de las decisiones administrativas y que las víctimas no queden relegadas al margen de lo que legítimamente les afecta.