Detención de Serigne Mbayé: choque de versiones que exige luces y no linchamientos

En la tarde del jueves, en la calle Antonio López, se prendió una chispa que ha vuelto a encender viejas sospechas: la Policía Nacional detuvo a Serigne Mbayé, exdiputado de la Asamblea de Madrid y secretario de antirracismo de Podemos, tras un altercado en el que, según la delegación del Gobierno, se negó reiteradamente a identificarse y trató de huir.

La escena, según la versión oficial, no fue inocua: una patrulla de paisano acudió por la llamada de un vecino que alertaba de intentos de forzar un vehículo. Uno de los dos individuos se identificó sin problema; el otro, siempre según la nota oficial, se negó, adoptó una actitud de enfrentamiento y buscó refugio en un portal, pidiendo ayuda a los vecinos. Varios de esos vecinos bajaron a la calle, la situación se tensó y los agentes pidieron refuerzos. El resultado: siete personas reducidas y detenidas y cinco policías con lesiones de escasa consideración. El atestado ha sido remitido a la autoridad judicial y la Delegación anuncia una investigación del episodio.

Frente a esa narración administrativa, el partido que lidera Ione Belarra lanzó una reacción airada desde las redes: califica la intervención de “nueva redada racista” y denuncia “violencia institucional y policial racista”. Mbayé, liberado por la Policía esta madrugada, declaró a la salida de la comisaría —según un vídeo difundido— que se trata de “persecución y violencia policial” y proclamó que “ningún ser humano es ilegal”. La dirección de Podemos y dirigentes como Irene Montero exigieron la inmediata puesta en libertad y visibilizaron la acusación de racismo.

En el terreno parlamentario, Sumar también ha puesto el foco: su portavoz, Verónica Barbero, consideró la detención “inadmisible en democracia” y su grupo registró preguntas en el Congreso para conocer el fundamento legal y el alcance del operativo y si se respetaron los derechos fundamentales sin prácticas discriminatorias.

La Policía y el Sindicato Unificado de Policía, por su parte, rechazaron las acusaciones generalizadas que buscan desacreditar su labor. El SUP defendió que la actuación de los agentes se ajusta a la ley y los criterios profesionales, y pidió prudencia y respeto institucional ante acusaciones que, en su opinión, no se corresponden con la realidad diaria del cuerpo.

El episodio contiene elementos incontrovertibles: detención y posterior puesta en libertad de Mbayé, siete arrestados en total, cinco agentes con lesiones leves y el envío de un atestado a la autoridad judicial. Contiene además versiones encontradas: una que habla de una intervención por una llamada ciudadana y la necesidad de identificar a quienes respondían a esa descripción; otra que denuncia un uso discriminatorio de la violencia contra una persona racializada y reclama responsabilidad política.

Ante esta colisión de relatos, la obligación del Estado de derecho es clara: dejar que la investigación judicial y policial arrojen luz sobre los hechos sin convertir la calle ni las redes sociales en tribunales definitivos. La prueba, la diligencia y la transparencia deben suplir la impostura del silencio o del ruido. Si hubo exceso policial, que se depuren responsabilidades; si hubo resistencia y agresión a agentes, que se actúe conforme a ley. La ciudadanía merece instituciones que investiguen con rigor y expliquen con claridad; los partidos, por su parte, tienen la responsabilidad de no precipitar conclusiones que alimenten la polarización sin esperar la investigación.

España no necesita ni linchamientos mediáticos ni la impunidad de actos que puedan vulnerar derechos. Necesita, en cambio, certezas impartidas por el escrutinio judicial y la investigación administrativa, y respuestas que disipen la confrontación: ésta es la demanda de un país que no admite ni la violencia institucional ni la justificación acrítica de cualquier altercado por parte de los suyos.