Defender lo indefendible: Montero y el rescate de Plus Ultra

María Jesús Montero ha vuelto a asumirse como escudo del rescate de Plus Ultra. En Sevilla, frente a un auditorio, la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía ha repetido con voz firme que la operación de 2021 "tuvo todos los informes favorables": Intervención General, Tribunal de Cuentas, órganos auditores, órganos europeos y la propia Comisión Europea, según sus palabras. Punto y final, "tengo poco que decir", apostilló.

No es un debate académico: de aquel rescate salieron 53 millones de euros de dinero público. Y mientras Montero afirma que no hay "nada más que decir ni nada que objetar", la Justicia ha puesto la lupa. La Fiscalía Anticorrupción ordenó el arresto del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y de su principal ejecutivo, Roberto Roselli, acusados de usar fondos recibidos para cubrir préstamos vinculados a un financiero neerlandés investigado por Suiza. La instrucción, dirigida en secreto en la Audiencia Nacional, tuvo además la detención de Julio Martínez Martínez, asesor externo de la aerolínea y amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre quien este diario reveló pagos y transferencias desde la compañía.

Montero ha querido asimismo relativizar los mensajes publicados por EL MUNDO entre José Luis Ábalos y su secretario de Estado, Pedro Saura, que dejaban entrever reticencias internas y la preocupación de Saura de que Hacienda y Economía culparan a Transportes. Para la exministra, esos whatsapps no dicen "absolutamente nada que no sea la necesidad de estudiar todo de forma adecuada" y atribuye la controversia a la política del "siglo XXI de bulos y mentiras".

El contraste es evidente: por un lado, la defensa institucional de la legalidad administrativa —informes y auditorías favorables—; por otro, el hecho objetivo de detenciones y una investigación en la Audiencia Nacional que examina el destino de fondos públicos. Montero recuerda además el argumento general de la política de auxilios: el fondo que ayudó a empresas solventes salvó en España a 30 compañías y 60.000 empleos, y otros países también rescataron aerolíneas durante la pandemia. Son realidades que no borran la necesidad de que la investigación judicial aclare todas las incógnitas.

La ciudadanía merece, y exige, transparencia y respuestas más allá de la afirmación categórica de que hubo informes favorables. Que existan auditorías no anula la obligación de que la Justicia determine responsabilidades cuando aparezcan indicios de desvío de fondos o de actuaciones opacas. Defender el acto administrativo no puede convertirse en refugio frente a las pesquisas que hoy avanzan en la Audiencia Nacional.