Defender la inmersión: la lengua y la escuela no se negocian ante autos provisionales

La orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló parcialmente el decreto autonómico de 2024 no es un mero trámite procesal: es un impacto inmediato sobre once preceptos que articulaban la vehicularidad del catalán en el aula. Mientras el Tribunal Supremo decide los recursos pendientes, esos preceptos quedan sin aplicación, incluyendo los que establecían al catalán como única lengua vehicular y que configuraban los proyectos lingüísticos de centro.

Ante esta realidad jurídica, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparecido para reafirmar el compromiso del Govern con la defensa de la lengua y del modelo de escuela catalana. No se trata de gestos retóricos: el consejero de Política Lingüística ha anunciado que los servicios jurídicos estudian la resolución “para darle respuesta”, y el Departamento de Educación asegura que la decisión no altera la actividad ordinaria en los centros. Son palabras medidas, pero firmes, y señalan que la Generalitat opta por la vía jurídica y administrativa antes que por la resignación.

La sentencia del TSJC, que vino tras el recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, declaró nulos varios preceptos por vulnerar presuntamente artículos de la Constitución. Fueron concretamente preceptos que exigían la exclusividad del catalán como lengua vehicular y otras normas relacionadas con su prioridad en determinados supuestos. Ese fallo ya había sido objeto de suspensión cautelar en julio de 2024 para “impedir la vulneración de derechos fundamentales” y desde entonces el litigio ha seguido su curso judicial, con recursos de casación presentados, entre otros, por el Departamento de Educación.

En el tablero político aparece, como era previsible, la recriminación pública: JxCat acusa al Govern de falta de compromiso y exige explicaciones en el Parlament; la AEB reclama el cumplimiento inmediato de la ejecución provisional y la dictación de instrucciones claras a los centros. Son posiciones que ilustran la tensión: hablamos de lengua y escuela, asuntos que desbordan los despachos judiciales y entran de lleno en la convivencia social y en la configuración de la ciudadanía.

Mientras tanto, en el plano constitucional, el asunto no termina aquí: el Tribunal Constitucional aún debe pronunciarse sobre dos normas autonómicas de 2022 que intentaron sortear una sentencia firme exigiendo, como mínimo, un 25% de enseñanza en español. Esas normas y su eventual validación o nulidad añadirán capítulos a una controversia que ya no es solo técnica, sino política e identitaria.

La decisión del TSJC y su ejecución provisional plantean una encrucijada clara: respetar las resoluciones judiciales es imperativo en un Estado de Derecho; ejercer la defensa de un modelo educativo —como lo proclama el Govern— es una obligación política cuando se percibe en riesgo la lengua y la cohesión escolar. No hay excusas para la indiferencia ni para el conformismo. Corresponde a las instituciones legales y políticas actuar con rigor, transparencia y, sobre todo, sin renunciar al objetivo de garantizar la normalidad y la convivencia en las aulas.