Cuidado: cuando combatir el odio encubre la fiscalización

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió en Madrid la inauguración de la primera Cumbre Internacional contra el Odio. Un gesto político de alto voltaje, legítimo en apariencia, que abre sin embargo una pregunta incómoda: ¿qué entendemos por «discurso del odio» y quién lo definirá?

No es menor la advertencia de quienes señalan la naturaleza difusa de esa categoría. Jacob Mchangama, en Libertad de expresión, recuerda cómo argumentos análogos han servido históricamente para silenciar críticas incómodas; Eleanor Roosevelt ya reclamaba que solo debían proscribirse las apologías del odio que incitaran a la violencia y alertaba del riesgo soviético de convertir en delito cualquier crítica a las autoridades. No podemos ignorar esa lección.

Odiar, por sí solo, no es delito; ni su mera expresión. Las normas penales ya abordan conductas concretas: el acoso, la difamación y las amenazas están tipificadas y se sancionan cuando concurren. Dice el sentido común jurídico que no todo reproche o afán de descalificar debe transformarse en causa de intervención punitiva del Estado.

Pero la apelación al «discurso del odio» tiene otra cara: la política y tecnológica. Plataformas como Hodio proponen identificar y denunciar contenidos; expertos plantean dudas razonables sobre si el Gobierno va a tratar esos datos sin el consentimiento de los ciudadanos y sobre la vigencia de la prohibición de tratar datos que revelen opiniones políticas en España. Germán Teruel advierte del «potencial liberticida» de combinar ese tipo de herramientas con la ley europea de servicios digitales: incentivos para la moderación prudente de las plataformas y, al mismo tiempo, instrumentos en manos de órganos políticamente influenciables.

¿Quién va a defender entonces el derecho a pensar y decir lo que se piensa en un Estado libre? Spinoza, para quien en un Estado libre está permitido que cada uno piense lo que quiera y diga lo que piensa, nos deja una brújula ética que merece ser consultada antes de aceptar atajos regulatorios. Defender la dignidad de las víctimas y perseguir conductas violentas es una obligación; transformar la disidencia o la incomodidad en fiscalizable es un atajo peligroso.

No se trata de negar la existencia de expresiones que hieren o de justificar el abuso; se trata de evitar que una categoría vaga sirva para estigmatizar y para ampliar la capacidad de control sobre los ciudadanos. La respuesta democrática exige precisión: leyes que actúen sobre hechos concretos y garantías claras sobre el tratamiento de datos y los mecanismos de moderación. Sin esa precisión, la lucha contra el odio puede convertirse en la excusa perfecta para socavar libertades.