Cuando los pasillos del poder sirven de acceso privilegiado

Que un asesor ministerial actúe como mensajero y gestor de una operación inmobiliaria con el gran brazo empresarial del Estado no es anécdota: es señal de que los resortes de la administración pueden convertirse en pasarelas para intereses privados.

El periódico ha documentado que Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos en Fomento, presentó personalmente en el Registro General de Sepides la oferta de Víctor de Aldama para adquirir el complejo Campos Velázquez, la sede de la Sepi en el barrio de Salamanca. La propuesta, de 250 millones según el entorno de Aldama, y su ampliación fueron cursadas con registro de entrada —un trámite concreto y verificable— el 5 de julio de 2019.

No fue un envío impersonal: la actuación de García como intermediario y gestor administrativo figura en el relato de los hechos. La Guardia Civil llega a denominar su papel como el de "facilitador de los intereses empresariales" de Aldama. Es decir: no solo asesoraba en despachos, también empujó la maquinaria burocrática para que la oferta llegara a destino.

La cronología, además, muestra una persistencia en las gestiones: una primera carta remitida a Sepides en noviembre de 2018, una oferta preliminar registrada el 24 de abril de 2019 que luego fue ampliada el 2 de julio, y la respuesta del presidente de Sepides, Antonio Cervera, en marzo de 2019 comunicando que estaban analizando el plan. Documentos y fechas que dibujan meses de negociación y atención institucional.

La oferta no vinculante procedía de una operación en la que intervenía un fondo identificado como Platinum Real Estate y quedó rubricada por Harry Hassomal Mohinani, con una cifra de 201 millones sin IVA en la propuesta inicial. El proyecto aspiraba a comprar un complejo de 40.000 metros cuadrados y media docena de edificios que albergan, hoy, sedes de Sepi y Sepides, las oficinas centrales de Navantia y espacios docentes con inquilinos como el Instituto de Empresa.

Hay también un contraste público que interpela: la ex vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, negó ante el Senado conocer esa carta o comunicación formal entre Aldama y la Sepi. Sin embargo, los papeles registrados y el intercambio con Sepides constan y fueron presentados en el Registro General de la filial propietaria.

Es imprescindible subrayar lo siguiente, sin dramatismos gratuitos pero con firmeza: cuando altos cargos, asesores de ministerios o presidentes de filiales públicas se encuentran vinculados, directa o indirectamente, con propuestas tan cuantiosas y con intermediarios que negocian mantener a instituciones públicas como inquilinas, la ciudadanía tiene derecho a una explicación clara y a que se depuren responsabilidades basadas en hechos.

Los documentos reflejados por la prensa muestran una trama de comunicaciones, registro y respuestas del principal órgano gestor del patrimonio público. Que la operación no llegara a materializarse no borra la existencia de los intercambios, ni la operativa por la que alguien ajeno al órgano propietario fue impulsado hasta las puertas del registro por un asesor ministerial. Esa es la verdad verificable: fechas, firmas, entradas en registro y la presencia de los implicados. Son hechos; exigen transparencia y rendición de cuentas por parte de quienes manejan lo público.