Cuando los contratos públicos huelen a sospecha: pago detectado al exdirector de Carreteras

La instrucción del llamado caso Koldo ha abierto otra boca de comprobación que no puede ser obviada. Los hechos documentados por la UCO y el fiscal Luis Pastor señalan que Aquaterra Servicios Infraestructuras SL abonó 25.440 euros a Francisco Javier Herrero Lizano, entonces director general de Carreteras. El pago llegó a una cuenta de reciente apertura apenas un mes antes de que la Justicia ordenara los registros que le afectaban.

Ese ingreso, según el auto del juez Ismael Moreno, no es una nota al pie: proviene de una constructora que, en unión con Acciona en UTE, resultó adjudicataria en 2019 de una obra de la A-68 en La Rioja por 92,4 millones. En la causa consta además un mensaje de Herrero a Koldo García referido al resultado de esa licitación: "Bingo!!! En Logroño". Elementos que, tomados en conjunto, despiertan la necesidad de respuesta que la propia instrucción reclama.

No se trata sólo de la cuantía ni del momento. La entidad receptora del ingreso, CBNK Banco de Colectivos, detectó la operación y, tras analizar la documentación aportada por Herrero, emitió una "Comunicación de Operativa Sospechosa por Indicio" al SEPBLAC el 23 de febrero de 2026. Y ello mientras el concepto de la factura remitida es tan vago que no permite conocer el motivo real del abono.

La pista se complica: desde esa cuenta recién abierta Herrero traspasó inmediatamente 12.500 euros a otra cuenta personal en la que figuraban domiciliados recibos de autónomos. En el registro de su domicilio se encontró además un ordenador con una cuenta de correo configurada bajo el dominio de la empresa pagadora, sin que conste relación contractual que justifique que el director general de Carreteras dispusiera de un correo corporativo de una contratista privada del Estado.

Con esos indicios, el juez ha ordenado ampliar la investigación y reclamar información bancaria no sólo de Aquaterra sino también de Ferrovial Construcción SA, Tecade SA y Freyssinet SA. La UCO ha solicitado datos a 29 entidades financieras sobre más de medio millar de productos financieros —cuentas y depósitos— con el fin de "conseguir el total esclarecimiento" y continuar la trazabilidad de los fondos presuntamente vinculados a Acciona.

Los fiscales y los investigadores explicitan el propósito: el fin perseguido por los investigados en esta rama, referida a obras públicas, "era obtener un provecho económico". Ante hechos así –ingresos en cuentas recientes, transferencias rápidas, documentación opaca y vínculos electrónicos sin respaldo contractual– la respuesta de la Justicia y la acción de los órganos de prevención del blanqueo son indispensables para proteger el interés público y preservar la integridad de la contratación pública.

No es una acusación lanzada al aire: son piezas documentales, comunicaciones bancarias y decisiones judiciales que requieren que se siga la pista hasta sus consecuencias. La República exige que toda sombra sobre las obras públicas se disipe con la transparencia de la investigación y la decisión firme de quienes administran la ley.