Cuando la tormenta pone a prueba la nación: la UME y Canarias en la hora del deber

La furia de Therese no es una metáfora: seis días de lluvias han convertido a Canarias en un campo de pruebas de la capacidad de respuesta pública. Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera sufren avisos en nivel naranja; el Gobierno de Canarias ha declarado la situación de emergencia autonómica en Gran Canaria y activado alertas por riesgo de inundaciones pluviales en varias islas. Ante tal cuadro, no hay lugar para la complacencia ni para la improvisación.

El Cabildo de Gran Canaria elevó su propio nivel de emergencia y, con criterio sobrio, solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se desplegó al mediodía. Es la constatación de que cuando la naturaleza cambia de escala la protección civil no puede quedarse en meras declaraciones: hace falta operativa, logística y presencia en el terreno. Así se ha obrado cuando era necesario.

Los números hablan por sí solos: un coste provisional de daños materiales estimado en 4 millones de euros; más de 300 incidentes en la isla solo durante el día; 1.500 incidentes registrados a nivel autonómico. Hasta 21 personas socorridas en todo el archipiélago —todas de carácter leve— y escenas repetidas de inundaciones, desprendimientos, palmeras arrancadas, carreteras cortadas y edificios deslizados barranco abajo. Si estos datos no generan inquietud, nada lo hará.

No es menor la dimensión hidrológica: según técnicos del Cabildo, Therese ha descargado más de 700 litros por metro cuadrado en varios puntos de Gran Canaria a lo largo de seis días. Veinticuatro presas han visto su capacidad llevada al límite y han tenido que aliviar o están a punto de rebosar. Ese dato remoto y frío contiene un hecho humano: desalojos, confín de poblaciones como Fataga y Arteara, y cierres de vías para aliviar embalses que apenas semanas atrás languidecían por la sequía.

La respuesta institucional ha sido múltiple y urgente: el Cabildo de Tenerife ha elevado el nivel de alerta máxima en su área metropolitana y mantiene al resto de la isla en situación de alerta; universidades públicas han suspendido docencia presencial y han pasado a la modalidad telemática; el presidente de Canarias ha cancelado su comparecencia parlamentaria y se ha trasladado a la isla junto a personal de la UME para comprobar la evolución. Son decisiones que evidencian la prioridad constitucional: proteger a la ciudadanía.

No hay espacio para el triunfalismo ni para la crítica fácil: la virulencia del episodio ha sorprendido incluso a técnicos. La formación de células convectivas de rápida génesis fijadas sobre núcleos poblacionales —como las registradas en Arucas y Bañaderos— ha provocado inundaciones intensas en periodos breves. Frente a ello, la prudencia, la anticipación y la cooperación interinstitucional han de ser bandera.

Queda, sin embargo, una lección que no admite demora: las amenazas naturales exigen planificación y preparación continuas. Que 10 embalses en el oeste y suroeste de Gran Canaria alcancen el 100% de su capacidad y deban evacuar agua en plena emergencia es un aviso severo sobre la gestión del territorio y las infraestructuras. No es momento de buscar culpables en abstracto, sino de tomar nota rigurosa para que la protección sea más eficaz mañana que hoy.

En la hora de la tormenta, el Estado y las instituciones regionales han respondido con recursos y sacrificio. La UME en el terreno, los confinamientos y los planes de emergencia actualizados son la traducción práctica de una premisa simple: proteger vidas. Nadie celebrará el daño material, pero la prioridad debe continuar siendo la prevención y la fortaleza de lo público para que, frente a eventos extremos, la sociedad salga junta y más preparada.