Cuando la reconciliación huele a impunidad

No es pura retórica hablar de reconciliación y convivencia. Pero tampoco conviene vestir de alta moral programas cuya ejecución despierta más recelos que certezas. El plan de justicia restaurativa desarrollado en cárceles y en el caserío Arretxe, en Alzo, diseñado por el Departamento de Justicia del Gobierno vasco, nació con objetivos loables enunciados en términos humanistas. En la práctica, sin embargo, ha topado con resistencias que obligan a mirar de frente lo que sucede cuando víctimas y presos de ETA se sientan en un mismo espacio.

No es un dato menor que, según fuentes que han participado en los talleres y círculos, al menos cinco víctimas abandonaron el proceso incómodas por la dinámica del mediador. Julián Carlos Ríos Martín, jurista y responsable principal de la mediación, fue percibido por algunas de las víctimas como más cercano a los presos que a quienes sufrieron la violencia. Ese sentimiento de proximidad no puede despreciarse: la confianza es el sustrato de cualquier proceso restaurativo y, si se resquebraja, el edificio se tambalea.

Más aún: las prácticas narradas —paseos en pareja con la consigna de “no hablar del pasado”, círculos con velas y peticiones de abrazos— han resultado demasiado incómodas para algunas víctimas. La exigencia de “no entrar en debates” buscando una escucha sincera puede convertirse en un silencio impuesto que evita confrontar responsabilidades y explicaciones. No sorprenderá que quien sufrió el daño prefiera no normalizar la convivencia si siente que su dolor queda desactivado por procedimientos que buscan, sin más, generar entendimiento.

No es solo la sensibilidad de las víctimas. La fiscalía ha reconocido que la puesta en marcha del programa ha venido acompañada de consecuencias prácticas: el aval al artículo 100.2 para Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, y la semilibertad de dirigentes como María Soledad Iparragirre, ‘Anboto’, son hechos que delimitan el alcance real del proyecto. Cuando un programa de reinserción se traduce en salidas fuera del centro para quienes aún cumplen condena, la opinión pública tiene derecho a interrogarse sobre tiempos, garantías y mensajes simbólicos.

Tampoco es accesorio el papel de las organizaciones ejecutoras ni su financiación. El Instituto de Reintegración Social de Euskadi (IRSE-EBI), entidad sin ánimo de lucro con sede en Bilbao, ha gestionado las jornadas y ha recibido desde 2023 subvenciones nominativas del Gobierno vasco por 235.000 euros. Cuando el dinero público financia procesos tan sensibles, la exigencia de transparencia y de resultados verificables no es un lujo: es una obligación democrática.

El diseño del proyecto, según fuentes penitenciarias, consta de tres fases —talleres separados, círculos restaurativos y actividades conjuntas fuera de prisión— y define objetivos ambiciosos: reconocimiento humano, dignificación, responsabilización, explicación frente a la justificación y pacificación transgeneracional. Nada de esto chirría sobre el papel. El problema surge cuando esos objetivos se traducen en prácticas que algunas víctimas interpretan como una minimización de su sufrimiento y cuando la percepción de parcialidad del mediador termina por fracturar la mínima confianza necesaria.

En un Estado de derecho, las iniciativas de justicia restaurativa pueden y deben ser parte de la política penitenciaria. Pero su legitimidad depende de procesos rigurosos, mediadores percibidos como imparciales, comunicación transparente sobre objetivos y tiempos, y respeto escrupuloso por la voz de las víctimas. Cuando estos elementos fallan, lo que debería ser un instrumento de reparación corre el riesgo de convertirse en un vehículo de contornos opacos y consecuencias prácticas controvertidas.

La política pública no puede permitirse experimentos improvisados ni atajos simbólicos cuando en el centro están los derechos de las víctimas y la percepción social de la justicia. Si la apuesta por la convivencia pasa por tender puentes, hay que tenderlos con cimientos firmes: claridad, independencia de los mediadores, control público y, sobre todo, respeto incondicional por quienes padecieron el daño.