Cuando la ley encorseta a la madre: el CGPJ ante una encrucijada de dignidad y derecho

La escena es de una crudeza que desarma: una jueza, con la custodia de sus hijos, ve cómo la maquinaria administrativa y jurídica dicta un camino que la obliga a elegir entre su familia o su vocación. No hay héroes ni villanos añadidos: hay una resolución del Consejo General del Poder Judicial que rechaza su petición de renunciar a una plaza ya adjudicada y publicada, y hay un padre que formalmente se opuso al traslado de la residencia habitual de los menores. El conflicto, en su simple contorno fáctico, pone al descubierto una tensión entre norma y realidad.

El caso se desarrolló con puntualidad administrativa: la adjudicación de la nueva plaza se aprobó en real decreto el 12 de enero y fue publicada en el BOE el 20 de ese mes. Antes de esa publicación, el padre plasmó por escrito su oposición al cambio de residencia de los niños. Días después, la magistrada solicitó al CGPJ que le permitiera desistir del traslado alegando la negativa "sobrevenida e impeditiva" del progenitor y apelando a la prioridad del interés superior del menor y a la perspectiva de género.

En el expediente hay informes contrapuestos que son, a la vez, signos de prudencia y de ortodoxia legal. La comisión de igualdad emitió un informe favorable aduciendo que la renuncia no perjudicaría a terceros —fue, según consta, la única persona que optó a la plaza adjudicada— y que, por tanto, debía primar el interés de los menores. Frente a ello, el Servicio de Personal del CGPJ sostuvo que la LOPJ no contempla desistimientos una vez adjudicada y publicada la plaza y que la toma de posesión es la regla.

La comisión permanente resolvió, el 17 de febrero, no admitir la reclamación de la magistrada. Contra ese acuerdo la jueza recurrió ante el pleno del Consejo, que ha abierto un debate entre vocales: unos se remiten estrictamente a la letra de la ley, otros piden que en este supuesto concreto prevalezca la protección de la infancia frente a una consecuencia que el propio órgano califica de "radical": si no toma posesión, la ley determina la renuncia al cargo y a la carrera judicial.

No hay en el sumario fantasías ni motivaciones que no figuren en los documentos: el cese en su actual destino fue pospuesto hasta el 19 de junio para no interferir en el curso escolar de los niños; la magistrada no ha tomado posesión del nuevo puesto; ni el antiguo destino ha salido aún a concurso. Ella está de baja por el impacto emocional del conflicto y ha pedido anonimato y confidencialidad sobre las localidades implicadas. El enfrentamiento se reduce, por tanto, a la colisión entre un régimen jurídico que no prevé la renuncia a una plaza ya publicada y una petición fundada en el interés superior del menor y en la perspectiva de género.

¿Debe un órgano de gobierno de la judicatura ser inamovible en su literalidad cuando ese rigor puede lesionar derechos fundamentales de menores y condicionar la libertad de residencia de una progenitora? ¿O la seguridad jurídica del concurso y el correcto funcionamiento del servicio público han de prevalecer aun cuando, según la propia evaluación, no exista perjuicio para otros concursantes ni un quebranto relevante para el servicio? Son preguntas que el pleno del CGPJ está obligado a responder sin retórica, con los hechos sobre la mesa.

La decisión que adopte no será un mero acto administrativo. Será un test sobre la capacidad del sistema jurídico para conjugar normas y situaciones humanas complejas: la letra de la LOPJ, los informes técnicos y el mandato constitucional de protección del menor. Que el conflicto llegue a plantearse así —con una madre que podría verse forzada a renunciar a la carrera judicial si decide no separarse de sus hijos— revela, en cualquier caso, una débito: la rigidez normativa frente a las contingencias de la vida familiar. El pleno del Consejo puede optar por la inercia o por una interpretación que pondere y ponga en el centro a los menores; será su elección, y de ella dependerá, en buena medida, la coherencia entre lo que proclama el ordenamiento y lo que exige la realidad.