Cuando la impunidad encontró domicilio: Epstein y los apartamentos que la policía dejó en silencio

La verdad aparece en recibos, correos y extractos bancarios: cuatro apartamentos alquilados en el acomodado distrito de Kensington y Chelsea fueron utilizados para alojar a mujeres que hoy se han presentado como víctimas de Jeffrey Epstein. No es una hipótesis: son documentos que la BBC extrajo de los archivos reunidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Que esa infraestructura existiera y funcionara en suelo británico resulta aún más grave cuando se interpone el dato imparble: la Policía Metropolitana decidió en 2015 no abrir una investigación a raíz de la denuncia de Virginia Giuffre, que habla de trata internacional de personas. La institución afirma que siguió "líneas de investigación razonables" y que cooperó con autoridades estadounidenses; la investigación periodística muestra, sin embargo, que las piezas del rompecabezas —viviendas, traslados, correos— estaban ahí.

Los archivos revelan además prácticas coercitivas: comunicaciones en las que mujeres alojadas en esos pisos son forzadas, según los documentos, a reclutar a otras, y movimientos frecuentes hacia París en Eurostar para visitas al financiero. Se dibuja así una red más amplia de lo conocido hasta ahora; una infraestructura consolidada que funcionó hasta la muerte de Epstein.

Hubo oportunidades que, según la BBC, la policía británica no aprovechó. Más allá de la denuncia de Giuffre, la investigación periodística encuentra indicios y momentos en los que pudo haberse abierto una averiguación adicional. A principios de 2020, otra mujer denunció abusos a la Policía Metropolitana; la BBC no pudo confirmar que se hubieran tomado medidas. Pese a ello, en 2020 las autoridades sabían, tras la muerte del financiador, que al menos uno de esos apartamentos había sido alquilado, según documentos del archivo.

La reacción de especialistas y exagentes no se hace esperar: Tessa Gregory, abogada de derechos humanos, dijo estar "estupefacta" ante la ausencia de una investigación en Reino Unido y recordó la obligación del Estado de investigar denuncias creíbles de trata. Kevin Hyland, exdetective de alto rango y primer Comisionado Independiente contra la Esclavitud del Reino Unido, apuntó a la pérdida de oportunidades y lanzó la pregunta que muchos se hacen: ¿quién en la policía tomó la decisión de no actuar?

La investigación de la BBC no publica datos personales de las jóvenes para proteger su anonimato, pero sí reconstruye, a partir de millones de páginas documentales, una operativa que implicaba alojamientos, traslados y coacción. Es un registro que obliga a preguntas incómodas sobre la diligencia de las autoridades y sobre los mecanismos que permitieron que una red continuara su actividad en suelo británico pese a las advertencias.

Epstein ya no está; los documentos sí. Y con ellos queda la responsabilidad de quienes, con información sobre patrones de trata y explotación, debían haber abierto una investigación exhaustiva y no lo hicieron. La luz de la investigación periodística ha puesto domicilio a la impunidad; corresponde ahora a las instituciones asegurar que la ley y la protección a las víctimas ocupen el mismo espacio con total prioridad.