Cuando la difamación se viste de defensa: Sánchez, Aldama y la teatralización del juicio

La política española vuelve a vivir un episodio de acusaciones y réplica que no admite medias tintas. En el seno del Tribunal Supremo, Víctor de Aldama pronunció una frase que ha incendiado pasillos y portadas: situó a Pedro Sánchez como "el 1 de la organización criminal" en la pieza de las mascarillas. Esa afirmación, vertida en sede judicial y destinada a la defensa de quien la pronuncia, ha provocado la inmediata respuesta de la dirección del PSOE.

Desde Ferraz la calificación es tajante: "Mentira tras mentira". El partido no sólo desacredita el testimonio de Aldama —a quien la UCO describió como el "nexo corruptor" en la presunta trama— sino que anuncia que volverá a solicitar amparo al Tribunal Supremo para actuar contra lo que consideran injurias. "No vamos a permitir que se nos difame impunemente", esgrimen como escudo institucional frente a lo que describen como una estrategia de defensa basada en "señalar sin pruebas y generar ruido".

Son hechos incontestables: la declaración de Aldama se produjo en el marco del juicio por la presunta venta de material sanitario durante la pandemia, una de las ramas del caso. En esa causa están siendo juzgados, además, José Luis Ábalos y Koldo García por el supuesto cobro de comisiones. El PSOE, por su parte, insiste en que "no existe financiación ilegal en el PSOE" y reivindica su postura histórica: máxima colaboración con la Justicia, transparencia y tolerancia cero con la corrupción.

Rebeca Torró, secretaria de Organización, ha acusado directamente a Aldama de haber hecho de "las mentiras su estrategia de defensa" y subraya que llevan "dos años señalando sin pruebas". No piden excusas públicas, dicen, sólo que cese lo que califican de calumnias. En línea con esa defensa institucional, desde el partido se lanza además una advertencia política: no aceptarán lecciones de quienes han tenido problemas de corrupción en el pasado.

El episodio ha obligado a terceros a posicionarse. Sumar, socio del Gobierno, relativiza el valor de "la palabra de determinados personajes que se van contradiciendo" y reclama que "la Justicia haga su trabajo" en un proceso que consideran grave. El socio minoritario subraya además la necesidad de desplegar una agenda contra la corrupción con vocación estructural, para no actuar sólo "caso a caso" y para recuperar la confianza ciudadana ante episodios que generan desafección.

Estamos, pues, ante una doble batalla: la que se libra en la sala del Supremo, con testimonios y pruebas que deberán acreditarse, y la que se despliega en la arena pública, con eslóganes, comunicados y la apelación permanente al honor partidario. Lo cierto, y aquí no caben odas ni invenciones, es que una acusación grave fue formulada en sede judicial y que el propio PSOE ha anunciado medidas procesales para defenderse. Que la Justicia aclare, y que la política no reduzca la investigación a un espectáculo de declaraciones que se acusan mutuamente de fabricar ruido cuando lo que reclaman los ciudadanos es claridad y verdad.

No hay atajos: ni la defensa puede devenir en acusación generalizada sin respaldo probatorio, ni la defensa institucional puede conformarse con descalificaciones si el tribunal precisa examinar pruebas. La democracia exige que el proceso judicial siga su curso y que las afirmaciones formuladas en público o en sede judicial se respondan con hechos y no sólo con consignas. Ese debe ser el norte que reclamen todos los actores, sin ceder a la tentación del ruido como estrategia política.