Cuando la Cámara se cercena a sí misma: la multirreincidencia y el pulso institucional

Que el Congreso impida votar enmiendas aprobadas por el Senado no es una anécdota: es la quinta vez que, en esta legislatura, las dos Cámaras se cruzan en claro desacuerdo. Ese dato por sí solo debería obligar a una reflexión serena sobre el funcionamiento de nuestro sistema parlamentario y sobre el respeto a los trámites que sostienen la legitimidad de las decisiones públicas.

Pero no fue la serenidad la que presidió la última operación. En la reunión de la Mesa del Congreso el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, llevó en mano los vetos del Gobierno alegando aumento presupuestario. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, pidió entonces el criterio verbal del letrado mayor, Fernando Galindo. Y Galindo, según fuentes parlamentarias, advirtió que en ese momento del proceso parlamentario, con una votación del Senado ya realizada, ese veto no podía asumirse. Advertencia técnica, aviso de prudencia, margen para el respeto institucional.

Aun así, la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa aceptó la petición del Gobierno e hizo caso omiso del criterio del letrado mayor. El resultado práctico fue que las enmiendas del Senado no llegaron a votarse y la proposición de ley orgánica para atajar la multirreincidencia quedó aprobada definitivamente en el Congreso sin tener en cuenta esos cambios. Es decir: una Cámara decidió, por mayoría y con apoyo del Ejecutivo, no someter a votación enmiendas ya aprobadas por la otra Cámara. ¿Es ese el cauce natural de la deliberación parlamentaria o es otro paso más hacia la instrumentalización de los ritmos y las formas de la democracia representativa?

El PP no lo duda: denuncia una maniobra para amordazar al Congreso y una extralimitación que, a su juicio, desvela autoritarismo. Tres recursos previos ante el Tribunal Constitucional, presentados por el PP por choques anteriores, siguen pendientes. No prosperaron nuevos recursos en el cuarto episodio y ahora la decisión de insistir en ese camino corresponde al Senado y, en última instancia, a quien deba impulsar el conflicto de atribuciones. El rumbo jurídico, por tanto, sigue abierto, pero la política ya exhibe su desgaste.

La foto de la votación no menoscaba la complejidad política: el texto salió adelante con el apoyo del PSOE junto a fuerzas de la derecha —PP, Vox, Junts, PNV, UPN y CC— y en contra de socios de la izquierda —Sumar, Podemos, EH Bildu y BNG—; ERC se abstuvo. Es la demostración de que, sobre determinados asuntos, los bloques se deshilachan y que la política de pactos impone equilibrios que no siempre obedecen a etiquetas fáciles.

La reforma no es baladí. Introduce medidas que responden a un clamor urbano por mayor seguridad: el robo de un móvil podrá castigarse con penas que pasan de uno a tres años de prisión; por primera vez se contemplan penas de cárcel para hurtos reiterados cuando se supere el cuarto; un juez podrá imponer órdenes cautelares de alejamiento de barrios o municipios antes de la sentencia para prevenir la reiteración delictiva; los hurtos en el ámbito rural también recibirán una mayor penalización. Son cambios que buscan dar respuesta a un problema palpable en grandes ciudades y zonas turísticas y que han encontrado consenso en Cataluña.

No obstante, la manera en que se ha tramitado la ley deja una cuestión capital: la técnica parlamentaria y el respeto a los procedimientos no son detalles formales. Son la garantía de que los acuerdos respondan a la soberanía de las Cámaras y no a la urgencia táctica del Gobierno. Cuando la razón jurídica es desoída y se decide por la fuerza de mayorías circunstanciales, se genera un desgaste institucional que acaba por erosionar la confianza pública.

No se trata solo de quién gana o pierde una votación: se trata de si los mecanismos que regulan la convivencia democrática resisten al uso político. La advertencia del letrado mayor, las decisiones en la Mesa y la reacción de los partidos muestran que estamos ante un pulso que exige clarificar límites, restablecer prácticas y, sobre todo, reivindicar la primacía del buen procedimiento como pilar de la legitimidad. Si no cuidamos las formas, las respuestas —por justificadas que sean— se empañan en la sombra de la sospecha.