Cuando la agresión callejera se viste de 'periodismo' y amenaza la convivencia democrática

La escena es tosca y reveladora: un hombre acreditado como periodista insulta a una diputada en la sala de prensa del Congreso, la llama "idiota" cuando ella se retira, y después la bloquea en la calle impidiéndole subir a un taxi. La diputada de Sumar, Aina Vidal, declaró haberse sentido "agredida" e "intimidada"; y ha llevado los hechos ante la Dirección de Comunicación del Congreso y, este jueves, ante la comisaría de la Policía Nacional por un claro episodio de "hostigamiento".

No son palabras vacías ni florituras retóricas: Vidal explicó que la situación atentó contra su derecho a la "libertad de circulación" porque, por unos instantes, Ndongo se interpuso entre ella y el taxi y le impidió abrir la puerta. El propio Ndongo difundió imágenes del episodio en sus redes sociales; la diputada solicita que la Policía examine además las cámaras de la zona para completar la secuencia probatoria.

¿Se trata de un altercado aislado o de un patrón tolerado? La respuesta exigirá hechos, y los hechos que constan apuntan a que no es un caso único. Tanto Ndongo como Vito Quiles cuentan con procedimientos abiertos en el Congreso que podrían derivar en la retirada de su acreditación por vulnerar las normas y alterar el orden. La rueda de prensa de Vidal, arropada por una nutrida representación de su grupo parlamentario, sirvió para subrayar que la normalización del insulto y la deshumanización de adversarios políticos no pueden quedar impunes.

La diputada llamó además a interponer "quejas" y "denuncias" como reacción colectiva: no para criminalizar la discrepancia, sino para marcar fronteras claras entre la libertad de expresión y el acoso. Ese llamamiento es un recordatorio simple y robusto: la democracia no es compatible con la agresión convertida en espectáculo, ni con la utilización de acreditaciones para burlar el decoro y la seguridad de quienes representan a los ciudadanos.

Mientras se celebraba la comparecencia, la noticia ofrecía una imagen paralela de tensión institucional: Vito Quiles interrumpió el turno de preguntas y su nombre aparece también asociado a denuncias recientes, entre ellas una presentada por la esposa del presidente del Gobierno. El conjunto compone un desafío práctico para el Congreso: aplicar las normas de acreditación y proteger la integridad de sus espacios y de quienes trabajan en ellos.

No se trata de promover la censura del discrepante, sino de defender el derecho a ejercer la actividad pública sin ser insultado, bloqueado o convertido en blanco de escarnio. Cuando la provocación busca la humillación y el impedimento físico, el Estado y sus instituciones tienen la obligación de actuar con determinación y con todas las pruebas que obran ante ellos, incluidas las cámaras y los procedimientos ya abiertos.

Que las instituciones respondan con la firmeza que exigen los hechos: ese es el mensaje que articula esta denuncia. Y que la sociedad entienda que la tolerancia democrática no es sinónimo de permisividad ante el hostigamiento. Si se rompe la línea que separa la protesta legítima del acoso, perdemos todos: la dignidad del debate público y la seguridad de quienes lo ejercen.