Cuando el héroe cae bajo la lupa: crímenes de guerra y preguntas incómodas

Conectado por videoconferencia desde una pequeña sala de un tribunal de Sídney, el militar más condecorado en vida de Australia permaneció en silencio en su primera comparecencia por crímenes de guerra. Ese silencio, en la sala y ante el país, resuena como un eco incómodo: la imagen pública del héroe choca ahora con documentos judiciales que relatan escenas que cualquier democracia y cualquier ejército deberían mirar con la mayor severidad.

Los papeles, a los que tuvo acceso la BBC, imputan a Ben Roberts‑Smith cinco cargos de asesinato. No son vagas insinuaciones: detallan episodios concretos. El 12 de abril de 2009, en el complejo conocido como "Whiskey 108", tropas del SAS habrían sacado a un túnel a dos hombres —identificados por la fiscalía como Mohammad Essa y Ahmadullah—; Ahmadullah, que llevaba una prótesis en la pierna, habría sido supuestamente sacado, arrojado al suelo y acribillado a tiros. Dentro del recinto, siempre según los documentos, Roberts‑Smith habría obligado a un detenido a arrodillarse y, presuntamente, ordenado a otro soldado novato que disparase.

Más tarde, en la aldea de Darwan, el 11 de septiembre de 2012, los relatos judiciales describen un patrón que hiela la sangre: interrogatorios tácticos contra prisioneros esposados —puñetazos, agresiones físicas— y la caída desde un acantilado de Ali Jan, todavía esposado y herido tras ser empujado o pateado. Testigos, incluidos miembros de las propias fuerzas y habitantes locales, figuran en los expedientes como observadores de esos hechos.

Los documentos no se limitan a relatar muertes; también aluden a conductas destinadas a ocultarlas: la colocación de objetos sobre presuntas víctimas para encubrir los crímenes, y la celebración de rituales de iniciación —el llamado "blooding"— en los que soldados novatos habrían sido inducidos a cometer homicidios para ser "iniciados". Son alegaciones que sacuden los fundamentos mismos del honor militar: lo que se predica como formación, valentía y disciplina aparece aquí descrito como coartada de brutalidad y abuso de poder.

No cabe, a la vista de estas imputaciones, relajar la mirada ni dulcificar el lenguaje. Roberts‑Smith niega rotundamente las acusaciones. Su defensa califica el caso como un terreno legal inexplorado para Australia, que nunca antes ha celebrado un juicio por crímenes de guerra contra uno de sus ciudadanos. Ese dato institucional es relevante y debe ser respetado: hay procesos y garantías que seguir. Pero la inexploración legal no es sinónimo de borrón de la responsabilidad moral. Las democracias serias someten a escrutinio riguroso incluso a quienes han sido premiados por actos de servicio.

A la hora de juzgar, las sociedades no pueden dejarse llevar por mitos fundacionales. La condecoración y el pasado de servicio no anulan la necesidad de rendición de cuentas cuando aparecen, documentadas, acusaciones de asesinatos a detenidos esposados, ejecuciones ordenadas a novatos y encubrimientos. Pedir transparencia, claridad judicial y la máxima diligencia investigadora no es persecución ideológica: es exigencia de la propia decencia cívica.

El episodio plantea preguntas mayores sobre la cultura dentro de unidades de élite, sobre la supervisión de las fuerzas armadas y sobre cómo una nación reacciona cuando sus símbolos son señalados por conductas atroces. Australia encara ahora una prueba de madurez institucional: juzgar los hechos con rigor y legalidad, sin permitir que la emoción patriótica eclipse la búsqueda de la verdad.

Los documentos de la fiscalía son la base de imputaciones gravísimas. Habrá juicio, habrá pruebas, habrá defensa. Hasta que la jurisdicción competente determine, la ciudadanía tiene el derecho —y el deber— de seguir el proceso con atención, sin dejarse arrastrar por la mitología del héroe ni por la complacencia que blanquea posibles crímenes. La soberanía de la ley debe prevalecer sobre cualquier relato épico.