Cuando el Estado amenaza al periodismo: la ofensiva contra The New York Times

El choque ha sido frontal y sin ambages. El primer ministro de Israel y su ministro de Asuntos Exteriores han calificado la columna del New York Times como “una de las mentiras más atroces y distorsionadas”, y han anunciado que han ordenado la interposición de una demanda por difamación. Frente a esa andanada institucional, el periódico ha emitido un comunicado en el que defiende la profundidad de su labor de investigación y desacredita la pretensión legal como carente de fundamento.

No se trata de una suspensión diplomática de palabras, sino de la tensión elemental entre el relato del poder y el oficio de escuchar a las víctimas. El artículo del NYT, firmado por Nicholas Kristof y extensamente documentado, relata testimonios de hombres y mujeres que dijeron haber sido agredidos sexualmente por soldados, colonos, interrogadores y guardias de prisiones. Incluye descripciones en primera persona, casos de violación y agresiones con objetos, y hasta un testimonio anónimo complejo y perturbador procedente, según Kristof, de un periodista de Gaza.

La réplica del Gobierno israelí no discute públicamente la naturaleza de todos los relatos, sino que los desacredita desde el principio: acusa al autor de apoyarse en “fuentes no verificadas vinculadas a redes afines a Hamás” y habla de una grave transgresión periodística. Es la misma música que suenan los poderes cuando se sienten señalados: deslegitimar la fuente, poner en duda la verosimilitud y convertir la crítica en afrenta nacional.

The New York Times no se acobarda. Su respuesta articula dos ideas claras: que la columna es fruto de una profunda labor de investigación y que la amenaza de demanda busca, en su opinión, socavar el periodismo independiente y silenciar informaciones incómodas. Así plantea un conflicto que excede la anécdota judicial: la preservación de la libertad informativa frente a la tentación estatal de cerrar filas en torno a una narrativa única.

Los antecedentes no son inocentes. Informes de Naciones Unidas y el trabajo de varias ONG, israelíes y palestinas, han documentado en los últimos años el uso de la violencia sexual en el trato a detenidos. Casos puntuales, como la imputación de cinco soldados por agresiones a un detenido en una prisión militar, o denuncias previas recogidas por la BBC, configuran un contexto del que emergen estas acusaciones y que obliga, por responsabilidad ética y política, a una investigación transparente y rigurosa.

La reacción pública y mediática también ha sido intensa: manifestaciones frente a la sede del NYT, declaraciones del embajador de Israel en Estados Unidos pidiendo la destitución del autor y la polarización en torno al tema. Todo ello sin que, por ahora, quede claro si la demanda podrá prosperar. Y ahí reside el nudo: la palabra judicial no debe ser moneda única para resolver la credibilidad del periodismo, ni la amenaza legal un instrumento para acallar voces.

Exigir pruebas, verificar testimonios y abrir vías de investigación es inevitable y necesario. Pero también lo es defender que los medios puedan publicar investigaciones dolorosas sin ser instantáneamente neutralizados por la bronca política o por la intimidación jurídica. La sociedad democrática se mide en la capacidad de afrontar acusaciones graves con investigación y justicia, no con la criminalización preventiva del mensajero.

Que las autoridades escojan la vía de la demanda y la descalificación masiva en lugar de impulsar indagaciones serias y transparentes dice mucho sobre cómo se administra la respuesta pública. Y que un periódico con la trayectoria del NYT sostenga la solidez de su trabajo obliga a que el debate no sea tribal: exige verificar, contrastar y, si procede, sancionar con la ley. Pero siempre preservando el derecho de la prensa a contar lo que ha encontrado.

El país que pretende estar a la vanguardia de la defensa de la seguridad y la ley debe aceptar también el escrutinio que proviene de las palabras y los hechos. Habrá tiempo para los tribunales, si procede; antes, y sobre todo, hay una obligación moral y cívica: confirmar la verdad o desmentirla sobre la base de evidencias, no de consignas ni de amenazas.