Cuando denunciar sale caro: el escándalo que sacude a Vox en Barcelona

La política tiene siempre una doble faz: la que se proclama en los discursos y la que se juega en los corredores. En Vox Barcelona, lo que hasta hace poco era susurro se ha transformado en un estrépito que obliga a mirar de frente. Afiliadas y afiliados han pasado de cuchichear en WhatsApp a empapelar un pleno con octavillas; la irrupción pública de una militante octogenaria —que repartió folletos exigiendo investigación sobre Miguel Martínez— no es un arrebato aislado sino el síntoma de una crisis interna que alcanza ribetes institucionales.

Carla —María Visitación Yerbes— denunció ante dirigentes y compañeros comentarios machistas y comportamientos que, según relata, generaban incomodidad entre mujeres del partido. Ella llevó su preocupación al vocal del Comité Ejecutivo Provincial, al portavoz municipal Gonzalo de Oro-Pulido y a otros responsables del grupo. La respuesta fue, según su versión, el despido. Le comunicaron su cese tras reincorporarse de una baja de salud; le explicaron, reiteran, que la decisión venía “de arriba” y que la dirección quería potenciar gente más joven. Más tarde se le atribuyó, en conversaciones internas, la posible coacción a una afiliada para que presentara una denuncia —hecho que, en el relato periodístico, aparece como una versión transmitida por compañeras—. El cese quedó publicado en la Gaceta Municipal de Barcelona.

Francisco García, encargado provincial de afiliación, siguió un camino parecido: trasladó quejas sobre el mismo cargo y, meses después, recibió también la carta de despido. Su papel en eventos como la caseta de la Feria de Abril de Catalunya le ponía en contacto habitual con militantes que le trasladaron malestares. Tras su dimisión de funciones provinciales, fue cesado en septiembre como coordinador en Badalona y hoy figura asociado a otra formación política.

Los hechos han ido dejando huellas públicas: octavillas en plenos, pintadas en la sede con mensajes que acusan y corrientes de audio —según fuentes— que circulan por grupos de afiliados. En esos audios, que se han difundido entre militantes, se atribuyen a una voz que parece ser la de Martínez expresiones que niegan la posibilidad de denuncias y presumen de poder interno. Frente a ello, Gonzalo de Oro-Pulido atribuye el incidente del reparto de octavillas a “una persona que tiene cierta inquina personal” y habla de difamación. También admite que recibe “descalificaciones” desde hace tiempo, según respondió a este periódico.

Lo que hoy se discute en voz alta no es solo la conducta de un individuo —que en el relato del reportaje aparece como objeto de quejas reiteradas— sino la reacción orgánica: cómo maneja la organización las denuncias internas, cómo protege a quienes las formulan y cómo actúa ante la presión de la militancia. Quejas, ceses y advertencias cruzadas describen una trama de decisiones que en poco tiempo han pasado del rumor al conflicto público.

No corresponde aquí dictar sentencias; corresponde, sí, constatar consecuencias: dos empleados que alertaron de situaciones incómodas perdieron sus puestos; una afiliada tomó la calle y un pleno para visibilizar lo que decía haber oído; la dirección local habla de difamación y la militancia ha convertido el rumor en una lucha por la verdad. La política, al fin, no puede ser impermeable a las voces que reclaman investigación y transparencia. Cuando en un partido las disputas internas se traducen en despidos y pintadas, el interés público exige que los hechos se aclaren con rigor y sin atajos.