Control o caciquismo: la purga interna que revela Vox

José Francisco Garre, hasta hace horas vicepresidente del Comité de Garantías de Vox en la Región de Murcia, ha sido convertido por la dirección en un blanco público: traidor, vendido al PP y acusado de irregularidades económicas. Son hechos conocidos y recogidos públicamente por EL PAÍS.

Garre admite no haber consultado a la cúpula antes de firmar el pacto de gobierno en Torre Pacheco con el alcalde del PP, Pedro Ángel Roca. Pero dice también algo relevante: que pidió permiso para negociar con el PP en varias ocasiones y que recibió negativas o la petición de esperar. Se trata de un dato que obliga a preguntar quién decide en última instancia y cómo se ejecutan las líneas rojas del partido en los municipios.

La respuesta de Vox no se limitó a reprobar políticamente el pacto; en el comunicado difundido se le imputan además movimientos económicos: se le solicita justificar dos transferencias de 8.480 euros cada una, ordenadas supuestamente por quien fuera portavoz en la Asamblea, José Ángel Antelo. Garre afirma que existen facturas y que los pagos responden a una iguala por asesoramiento jurídico pactada en 2023 con Rubén Martínez Alpañez. Afirma también que declaró esos ingresos a Hacienda y que aportó explicaciones a Montse Lluis, secretaria general adjunta, quien le habría agradecido su trabajo.

Ante las acusaciones, Garre prepara una querella por injurias. No inventa: lo dice él. Y denuncia además un patrón que ya habría servido para derribar a otros dirigentes regionales: filtraciones internas, acusaciones públicas y procedimientos disciplinarios cuya imparcialidad, según su testimonio, cambió a partir de 2022.

El dato que más golpea la credibilidad interna es la versión que aporta sobre la actuación del Comité de Garantías en casos anteriores, entre ellos el de Iván Espinosa de los Monteros. Según Garre, el órgano, hasta entonces con margen de autonomía, resolvió que en ese caso no había infracción; la resolución fue devuelta por la dirección, sometiendo a los miembros a repetidas deliberaciones y a la intervención del responsable del Comité de Cumplimiento dependiente de la Presidencia del partido. Es una acusación grave porque cuestiona la independencia de quien debe velar por los derechos de los afiliados y sancionar conforme a estatutos.

No añadimos valoraciones privadas: nos atenemos a lo publicado. Pero los hechos, puestos uno junto a otro, dibujan una imagen nítida: tensiones entre dirección y órganos estatutarios, modos de presión política sobre cargos locales y la utilización de comunicados públicos para estigmatizar a militantes. Garre habla de comportamientos "cuasimafiosos" al describir filtraciones y purgas; es su palabra, la que consta en la información.

Hay un dato incontrovertible: el conflicto se ha trasladado ya a la vía judicial. Garre, abogado con veintidós años de ejercicio, tomará medidas legales por injurias. Y esto no es un gesto retórico: es la respuesta formal a la ofensiva comunicativa del partido. La política interna de Vox, desde la Región de Murcia hasta la dirección nacional, tiene por tanto una batalla abierta que no se resolverá sólo con comunicados. Los militantes, los cargos locales y el elector merecen claridad, procedimientos que sean realmente imparciales y explicaciones públicas sobre quién decide y por qué.

Si la disciplina de partido significa imponer silencio y convertir la discrepancia en objeto de escarnio, estamos ante una concepción del poder que contradice la lógica de órganos internos independientes. Los hechos conocidos —las acusaciones del partido, las explicaciones y facturas alegadas por Garre, sus reclamaciones sobre la pérdida de autonomía del Comité de Garantías y su decisión de querellarse— hablan por sí mismos. Corresponde ahora a la justicia y a la transparencia interna aclarar lo sucedido, para que la organización recupere la credibilidad que exige cualquier formación política en democracia.