Colombia opta por sacrificar hipopótamos: decisión dura, consecuencias reales

En la Hacienda Nápoles empezó como un capricho de un narcotraficante; hoy se ha convertido en un problema de Estado. Los cuatro hipopótamos que Pablo Escobar trajo en los años 80 crecieron hasta conformar —según estimaciones científicas y el más reciente censo del Ministerio de Ambiente— una población que en 2022 ya era de al menos 169 individuos y que ahora se sitúa en torno a los 200 ejemplares.

La velocidad de reproducción no es una hipótesis: el propio Ministerio advierte que, sin control, la manada podría superar los 500 individuos en 2030 y sobrepasar el millar en 2035. Ese dato, por sí solo, obliga a evaluar con rigor las respuestas públicas posibles: lo que convivía como anécdota se ha transformado en una especie exótica invasora declarada desde 2022, que altera ecosistemas y pone en riesgo la biodiversidad nativa.

La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, ha explicado con claridad la lógica técnica de la decisión: contaminación de las riberas del río Magdalena, impacto sobre comunidades humanas y amenaza concreta para especies como el manatí y la tortuga de río. Además, el hipopótamo es reconocido por su agresividad; un estudio citado en la nota apunta que, en Uganda entre 1923 y 1994, el 87% de los encuentros entre humanos y hipopótamos fueron fatales. No son advertencias retóricas: son riesgos reales señalados por la evidencia.

Este lunes el Gobierno dio un paso que divide pero que está sustentado en recomendaciones científicas: destinar 7.200 millones de pesos (unos 2 millones de dólares) a la reducción de población y proceder a la eutanasia de 80 individuos, con una expectativa de reducir al menos 33 animales por año. La circular oficial contempla dos vías: traslocación a zoológicos o santuarios en el extranjero y eutanasia. El Ejecutivo ha buscado receptores en otros países y no ha conseguido ofertas favorables; además, el transporte resulta costoso y las autoridades señalan la baja diversidad genética de los animales —todos procedentes de los mismos cuatro ejemplares originales— como un factor que complica la recepción internacional.

La eutanasia, ha dicho la ministra Vélez, "desde una perspectiva científica, esta es una acción necesaria para poder reducir la población". El protocolo que se aplicará, según el ministerio, busca que la medida sea "ética, segura y responsable": el procedimiento se hará mediante inyección o a través de dardo disparado con rifle, y cada intervención costará alrededor de 50 millones de pesos (cerca de 14.000 dólares), sin contar el entierro obligatorio por razones de salubridad.

No todas las voces aceptan la decisión. La recientemente reelecta senadora animalista Andrea Padilla se pronunció en contra, calificando la medida de "facilista y cruel" y subrayando que considera a los animales víctimas de la negligencia y la corrupción que permitieron su expansión. Es un reproche político y moral que recoge la indignación pública ante el costo ético de soluciones drásticas.

Estamos, en definitiva, ante un dilema que mezcla historia, ecología y responsabilidad estatal: lo heredado del pasado —un zoo privado que quedó abandonado— exige hoy decisiones técnicas y costosas. El Gobierno ha elegido una ruta basada en la evidencia y en la prospección de riesgos, mientras busca alternativas internacionales; la tensión entre la urgencia del control poblacional y las objeciones éticas seguirá marcando el debate público.