Colocaciones y favores: la trama que admite la testigo en el Supremo

La comparecencia de Jésica Rodríguez ante el Tribunal Supremo desenmaraña, sin eufemismos, un relato que se sostiene en hechos admitidos por la propia testigo.

Ha reconocido que fue colocada, por indicación del ex ministro José Luis Ábalos, en las empresas dependientes del Ministerio de Transportes Ineco y Tragsatec. Que, aun siendo estudiante, aceptó ambas plazas simultáneamente tras remitir su currículum al entonces dirigente socialista. Que desconocía que esas entidades fueran públicas. Y que, en ninguna de las dos desempeñó trabajo efectivo pese a percibir retribuciones públicas: 43.978 euros entre 2019 y 2021 por puestos de auxiliar administrativo.

La descripción de los hechos fue nítida: debía simular ser "auxiliar administrativo de Joseba García", hermano del ex asesor Koldo García; cambiaba de empresa porque, dijo, no podía permanecer más de dos años en Ineco y ese traslado se gestionó «porque el señor Ábalos lo había gestionado». Palabras simples que señalan una cadena de decisiones y órdenes que no se dirimen en el vacío, sino en la órbita de altos cargos y asesores.

La testigo detalló además que, una vez rota la relación sentimental, Ábalos continuó sufragando gastos que ella atribuía indirectamente a otros intervinientes —Escolano o Koldo— pero que, según su versión, terminaban siendo afrontados por el ex ministro. Aclaró que nunca solicitó pagos al propio Ábalos y admitió recibir dinero en efectivo en alguna ocasión. También declaró haber acompañado a Ábalos en viajes oficiales cuando éste fue ministro.

En la sala se dio protección a su intimidad: su rostro no fue captado por las cámaras que retransmiten el juicio. Y cuando fue preguntada sobre cuestiones que rozaron lo personal y lo estigmatizante —la insinuación de que habría ejercido la prostitución— respondió con una afirmación categórica: es dentista y está colegiada.

Los interrogantes que emergen —sin salir del testimonio— son de una claridad implacable: su colocación en puestos públicos por indicación de un ministro; la percepción de salarios sin prestación laboral; la interposición de terceros en el pago de gastos que, según la testigo, quedaban en deuda moral o material con el ex dirigente. Son hechos confesados en sede judicial que reclaman respuestas precisas de quienes ocupaban posiciones de responsabilidad.

No son rumores: son declaraciones públicas ante fiscalía y magistratura. Y en democracia, donde la gestión del poder público debe sujetarse a la ley y a la ética, la exposición de estos hechos impone que se investigue con rigor y que se depuren responsabilidades sin atajos ni tutelas. El ciudadano exige transparencia, y la verdad, narrada en el estrado, merece ser seguida hasta sus últimas consecuencias.