Cobardía parlamentaria: el PP rectifica la unanimidad y deja sola a la Cámara

El escándalo ocurrió en plena sesión: un diputado de Vox, José María Sánchez García, se subió al estrado, se encaró con una letrada de la Cámara y, posteriormente, con el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que presidía el pleno. Fue expulsado del Hemiciclo y sancionado con pérdida del voto y de la participación en el Pleno de esta semana. Así de crudo, así de nítido, así de parlamentario fue el suceso.

El PSOE promovió una declaración institucional que señalaba con firmeza la "grave falta disciplinaria" del diputado de Vox y calificaba su conducta de atentado contra la dignidad de la institución. Un texto claro: reprobar el comportamiento que rompe las reglas básicas de convivencia democrática. Pero la política —esa política nuestra, de acuerdos y de trampas— obligaba a buscar la unanimidad para que la declaración saliera adelante. Y ahí comenzaron las maniobras.

El PP aseguró coincidir en el fondo: el comportamiento del diputado de Vox era inaceptable. Y, sin embargo, introdujo tres enmiendas que el PSOE rechazó. Esas precisiones pedían reconocer que el parlamentario de Vox había recibido insultos por parte de un diputado de ERC —"asesino", según la denuncia del propio Sánchez—; reclamar que la Presidencia repruebe por igual actitudes de otros grupos que traspasan la raya; y exigir que la Presidencia deje de bloquear las proposiciones de ley de la oposición. En otras palabras: condicionar la adhesión a la condena a un alambique de matices y reproches cruzados.

El resultado era previsible: una declaración institucional precisa exige apoyo de todos los grupos. Vox no iba a prestarlo y el PP, al insuflar las enmiendas rechazadas, tampoco lo hará. La condena pública a un comportamiento que la Mesa consideró sancionable se queda, por tanto, en letra muerta, rehén de tácticas partidistas y de la obligación de unanimidad que pervive en estos instrumentos.

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero, no ocultó su malestar y su preocupación: reclamó "firmeza" y confesó la impresión personal de quién presidía la sesión ante la subida al estrado. Agradeció además a los miembros del PP en la Mesa que salieran en su defensa y valoró la solidaridad del resto de grupos, excepto Vox. Sus palabras, cargadas de tristeza, conectaron con la advertencia de que posiciones agresivas de ultraderecha intentan segregar políticamente a una mayoría social.

Vox, por su parte, defendió a su diputado y sostuvo que la equivocada sería la Presidencia. Y la verdad fáctica es la que es: hubo protestas desde el escaño ante la intervención de un diputado de ERC en un debate sobre el denominado 'bibliocausto' y Sánchez García denunció insultos —que, según Vox, incluyeron términos como "asesino", "ignorante" y "criminal"—. Ese desencuentro en los escaños, no recogido por micrófonos, escaló hasta la tribuna y derivó en sanción.

La lección, fría y despiadada, es de libro: el Parlamento puede lograr un gesto solemne de unidad para defender sus normas, pero la propia necesidad de unanimidad convierte ese gesto en un bien frágil, sometido a negociaciones e intereses. Cuando las aclaraciones y precisiones condicionan la firma, la unanimidad se transforma en veto encubierto. Y cuando el veto encuentra excusas de equidad y reproches cruzados, la institución queda con una palabra menos para ejercer su autoridad moral.

No se inventan hechos: hubo una conducta sancionada, hubo un intento de declaración institucional y hubo enmiendas rechazadas que impidieron la firma unánime. Con esos datos encima de la mesa, la Cámara queda marcada por la incapacidad de hacer valer, con contundencia colectiva, la defensa de su propia dignidad. Esa falta de respuesta unánime no es un tecnicismo; es un síntoma que merece ser observado con la máxima atención por quienes creen en la solidez de nuestras instituciones.