Cobardía en el Hemiciclo: Tellado ataca a quien no puede replicar

La sesión de control al Gobierno de este miércoles dejó una postal incómoda para la decencia parlamentaria: desde la tribuna, el secretario general del PP, Miguel Tellado, lanzó una batería de acusaciones contra Francina Armengol. Como recoge la crónica, Tellado afirmó que Armengol lleva “dos años mintiendo” sobre sus declaraciones en relación con el llamado caso Koldo y llegó a decir que, como presidenta de Baleares, abrió las puertas de la comunidad "a una organización corrupta" que obtuvo adjudicaciones por cuatro millones con sus "correspondientes mordidas".

Esos reproches, pronunciados durante una pregunta dirigida al ministro Félix Bolaños, colocaron a Armengol en una situación singular: su condición de presidenta del Congreso le impide intervenir en la misma forma que el resto de los diputados para rebatir directamente acusaciones personales. Fue esa asimetría la que provocó la respuesta fulminante de la propia Armengol: "Señor Tellado, le recordaré con el mejor tono que no hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta cámara que no puede defenderse". Palabras que encontraron aplauso en el Gobierno y en la bancada socialista.

La tensión, además, tuvo réplica institucional. El ministro Bolaños también reprochó el ataque del diputado del PP: advirtió que no entraría "a los anales de la valentía" metiéndose con quien no puede defenderse, en alusión a la presidenta del Congreso. Es decir, la sesión no solo reveló un cruce de acusaciones sobre hechos que están siendo objeto de investigación judicial, sino también un choque sobre los límites del debate parlamentario cuando se encara a quien ostenta la presidencia de la Cámara.

Necesario es subrayar lo que está fuera de duda en la información: Tellado expresó públicamente graves imputaciones; Armengol, citada como testigo en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia, no pudo replicar desde la tribuna por su cargo; y la presidenta calificó la interpelación como un acto de cobardía. El resto —valoraciones sobre la veracidad de las acusaciones o su dimensión penal— corresponde a las instancias judiciales y al rigor de la investigación, y no al estrépito del hemiciclo.

La escena pone en relieve una cuestión básica de convivencia parlamentaria: la justicia del intercambio político exige que las acusaciones públicas puedan ser sometidas a réplica y contraste; cuando la institucionalidad impone silencio a quien es objeto del ataque, el equilibrio democrático se resiente. No se trata de silenciar debates incómodos, sino de preservar reglas mínimas de equidad en el intercambio público.

Que se dirijan gravísimas imputaciones —como las pronunciadas— exige, además, cautela y respeto por el procedimiento: dar por probado antes de tiempo lo que está en sede judicial solo enciende el litigio político y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. El episodio de hoy, en fin, no es una anécdota; es un recordatorio sobre la responsabilidad que conlleva subir a la tribuna y sobre el respeto debido a la función de la presidencia del Congreso.