Cinco años de luz negada: las Cortes y la opacidad de los lobbies

La reiteración no es casualidad: es diagnóstico. La Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales firma, por quinta vez consecutiva, la misma constatación amarga: la transparencia diseñada para poner taquígrafos a las relaciones de parlamentarios y lobbies sigue siendo letra muerta.

El informe fechado el 17 de marzo y aprobado por las mesas del Congreso y del Senado dibuja, con cifras incontestables, una realidad de opacidad. Al cierre del año pasado solo 75 diputados —el 21,42%— y 55 senadores —el 20,67%— publicaron en sus agendas actividades distintas de las meramente orgánicas. En conjunto, la proporción sube tímidamente del 17,9% al 21%, pero sigue siendo minoritaria y delata que la inmensa mayoría guarda silencio donde la norma exige transparencia.

No es una cuestión de retórica: el Código de Conducta de las Cortes, aprobado en octubre de 2020 cuando Meritxell Batet y Pilar Llop presidían las Cámaras, recoge en su artículo 6.2 la obligación de hacer públicas las reuniones con representantes de grupos de interés. Fue un instrumento pensado para reforzar la confianza pública, al calor de recomendaciones internacionales —entre ellas las de GRECO— para blindar la integridad parlamentaria.

Pero las palabras no bastan cuando faltan las herramientas. El incumplimiento detectado permanece impune: no existe un desarrollo reglamentario que permita sancionar la ausencia de anotaciones y, así, forzar el cumplimiento. La Oficina lo subraya y concluye que es "altamente improbable" que las escasas anotaciones sobre encuentros con lobbies reflejen la realidad de la actividad parlamentaria.

La propia Comisión Europea lo apuntó en julio de 2025 en su Informe sobre el Estado de Derecho: a pesar de las insistentes indicaciones, solo unos pocos parlamentarios publican información sobre reuniones con grupos de interés. La observación externa coincide, pues, con la advertencia interna: la norma opera en el papel; la práctica, en la sombra.

El informe de la Oficina no busca señalar rostros ni partidos; su función es describir avances y retos y recomendar actuaciones. Entre ellas, recuerda a las Cámaras la obligatoriedad de recordar a los parlamentarios la obligación de publicar sus reuniones. Es una recomendación legítima, pero su persistente reiteración sin instrumento sancionador convierte la exhortación en un llamado que se ahoga en la inercia.

Así, la historia se repite: un código nacido para reforzar la confianza ciudadana, medidas que prohíben reuniones no publicadas con lobistas y un seguimiento anual que, cinco años después, certifica la misma carencia. No faltan las normas formales; lo que falla es su desarrollo práctico y la voluntad institucional para hacerlas efectivas. La transparencia legislativa, anunciada y exigida, sigue pendiente de materializarse en hechos verificables.