Cierran Martutene: ¿premio a los verdugos o decisión técnica?

El anuncio es formal, seco y de consecuencias palpables: el Departamento de Justicia, dirigido por la consejera socialista María Jesús San José, cerrará definitivamente la prisión de Martutene el próximo 15 de junio. Ni los funcionarios podrán volver a entrar; ni la vieja cárcel resistirá la puerta. Antes, los reclusos serán trasladados a Zubieta, la instalación construida por el Ministerio del Interior del Gobierno de España. La previsión de fuentes penitenciarias apunta a que ese traslado se realice la primera semana de junio.

No son detalles menores. Martutene ha concentrado durante los últimos años a casi cuarenta presos de ETA y a «históricos» dirigentes y pistoleros —nombres que la sociedad no olvida: Garikoitz Azpiazu 'Txeroki', Soledad Iparagirre 'Anboto', Henry Parot, Jon Olarra Guridi y Ainhoa Mujika, entre otros— que cumplen sus condenas en la prisión donostiarra. La realidad es tozuda: muchos de esos condenados fueron desplazados a Martutene para acelerar la concesión del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y de terceros grados que les permiten salir diariamente a la calle.

Los números, cuando se ponen sobre la mesa, arman la discusión. En el Parlamento Vasco, los parlamentarios del PP y de Vox han usado las cifras aportadas por el PP vasco para fustigar a la consejera. Entre el 1 de octubre de 2021 y marzo de 2026, el Ejecutivo autonómico ha concedido 48 beneficios del artículo 100.2, una cifra que se contrapone con los 56 que el Ministerio del Interior otorgó a etarras entre 2003 y 2021, cuando las competencias de prisiones estaban en manos del Estado. ¿Es una política penitenciaria técnica o es, como acusan los críticos, un gesto con efectos políticos?

Los datos parciales aportan matices: hasta mayo de 2025, el Gobierno vasco había aprobado 35 aplicaciones del 100.2 impulsadas por los directores de centro; 30 beneficiaron a etarras y 5 a presos comunes. A partir de mayo de 2025, tras las denuncias de víctimas como Covite, las autoridades ampliaron la aplicación del 100.2 a presos comunes: desde mayo de 2025 a marzo de 2026, 89 presos comunes y 18 etarras han sido beneficiados con el 100.2. La asociación Etxerat incluye a 38 etarras en Martutene, y se señala que no hay críticos ni disidentes en ese centro.

La consejera San José niega un trato de favor político y apela a la desaparición de la violencia activa de ETA desde 2011, a la «consolidación de la convivencia», a la memoria de las víctimas y a criterios «técnicos» supervisados por la Fiscalía y por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Son argumentos formales, que apelan a la legalidad y al control posterior. Pero la percepción social y el debate parlamentario muestran que la medida no se recibe como neutra: para la oposición, la suma de traslados, concesiones y cierres necesariamente dialoga con la política y la gestión del poder.

El cierre de Martutene, pues, no es sólo el cierre de un edificio: es el cierre de un capítulo logístico y simbólico que arrastra decisiones penitenciarias, traslados, balances de riesgos y un potente componente político. ¿Se trata de normalizar la convivencia en base a criterios técnicos o de administrar concesiones con efecto político? La respuesta, por ahora, depende de los números, del control judicial y de la interpretación política que cada actor quiera trazar en el Parlamento y en la opinión pública.

Quedan fechas, traslados y nombres. Queda también la necesidad de transparencia y de que las víctimas tengan voz en un proceso que, por su naturaleza, no admite neutralidades cómodas. El 15 de junio se acerca; Martutene se cierra. La sociedad exige claridad sobre por qué se tomaron las decisiones, quién las impulsó y cómo se garantizan la justicia y la memoria en igual medida que la reinserción.