Cerredo: un año después, la mina sigue escupiendo verdades que incomodan

En Cerredo, las paredes hablan con la misma rudeza que el pueblo: pintadas que señalan culpables y cómplices, un silencio pesado que protege puestos de trabajo y, sobre todo, una verdad incómoda que no termina de arrancarse de las entrañas de la mina.

La jueza del Juzgado de Cangas de Narcea ha prorrogado la causa seis meses más. No es un dato menor: la instrucción continúa porque quedan piezas por encajar en un rompecabezas de negligencias, permisos y actividades que, según el propio informe del Gobierno asturiano, eran «clandestinas». El Ejecutivo regional cerró su investigación el 17 de marzo concluyendo que en la mina se extraía carbón en una zona donde no estaba permitido y «se incumplía cualquier medida de seguridad y organización de los trabajos». Son palabras oficiales; no especulaciones.

A esa constatación se suman pruebas que hielan: 12 audios aportados a la causa, enviados por uno de los mineros fallecidos, Jorge, a su novia en los días previos al desastre. En esos mensajes se escucha la fatiga, el reproche y la advertencia: jornadas extenuantes («ya cargué 10 camiones», «desde las 7:20 sin parar»), la confirmación de extracción ilegal («voy a bajar el carbón del tercero pa' ahí») y la profecía amarga de una catástrofe («va a pasar algo serio... no me apetece ser portada de nada»). Esos registros son prueba directa de un clima laboral y operativo que precedió a la tragedia del 31 de marzo de 2025.

La mañana inolvidable y dolorosa se llevó la vida de cinco vecinos —Jorge, Amadeo, Rubén, David e Iván— y dejó marcas duraderas en otros cuatro, entre ellos un niño con traumatismos craneales y un minero que ahora teme apagar la luz. Un año después, las consecuencias más visibles son una dimisión política —la de Belarmina Díaz, entonces consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio— y la investigación judicial en curso. Pero los ecos alcanzan más lejos: la mina fue cerrada en 2018 por la descarbonización dictada desde Bruselas y la titular original recibió 6,2 millones de euros públicos en compensación. En 2021, Combayl asumió la gestión tras abonar 975.000 euros y con ello adquirió bienes y la obligación de devolver la compensación si la explotación se reabría. Son hechos registrados que forman parte de la cadena de decisiones y movimientos que hay que analizar con rigor.

El historial previo no es inocuo: en agosto de 2022, con Combayl ya al mando, se produjo otro accidente mortal y una grave lesión —un trabajador murió y otro perdió una pierna— durante maniobras para retirar chatarra en el sexto nivel. Un informe de la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación detectó entonces «indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada», sin que se impusieran medidas que frenaran lo que venía gestándose bajo tierra.

Tres voces independientes intentaron alertar entre 2022 y 2024: un guarda de Medio Natural, un exconcejales y una tercera persona que envió evidencias por correo. No fueron las únicas alarmas, pero sí señales de que algo no encajaba. Mientras tanto, en el pueblo, la ambición de prosperidad ligada al carbón encontró en Chus Mirantes y sus entornos administrativos —entre maniobras jurídicas y de gestión— el terreno fértil para seguir operando en los resquicios.

Que la Justicia mantenga la causa abierta es el reconocimiento de que la última palabra no está dicha. Que existan audios que describen prisas por sacar carbón, junto a informes que describen actividades clandestinas, obliga a una reflexión pública: no podemos permitir que la búsqueda de empleo se convierta en cobertura para prácticas que ponen vidas en riesgo. Las preguntas que siguen abiertas no son retóricas: ¿qué falló en las inspecciones? ¿qué responsabilidad tuvieron gestores, propietarios y administraciones? ¿cómo evitar que el cierre dictado por la política de descarbonización se convierta en un laberinto de compensaciones que, mal administradas, abran puertas a irregularidades?

Cerredo no es solo una tragedia local; es una lección sobre la necesidad de transparencia, control efectivo y responsabilidad administrativa. Si queremos honrar a los que murieron, no basta con pintadas ni con resignación: hace falta que la investigación llegue hasta el final, que los hechos se expliquen públicamente y que las medidas que protejan vidas y legalidad no sean papel mojado. Porque donde la voluntad política flaquea, vuelve a crecer el peligro; y donde la palabra del minero grabada es ignorada, la mina sigue hablando a su manera: con dolor y con consecuencias.