Cerrada defensa o cinismo organizado: el PP blindando a Rajoy frente a la sentencia pública

El PP ha optado por el cierre de filas como respuesta inmediata: proteger al ex presidente Mariano Rajoy tras su declaración como testigo en el juicio del caso Kitchen. Esa disciplina interna —esa súplica por unidad— se proclama con la voz de sus dirigentes, y en su eco resuena la certeza: "el tiempo y la Justicia van a dar la razón a Mariano Rajoy". Es la consigna de defensa, simple y rotunda, que pretende sepultar la discusión pública bajo el paraguas de la espera.

En paralelo, el ex presidente se defiende en la Audiencia Nacional negándolo todo o amparándose en el olvido: "no me suena, no me consta, no lo recuerdo", repitió ante las preguntas, incluso sobre algunos de sus propios SMS. Esa retórica de la amnesia genera electricidad política: para el PSOE, la escena no fue una actuación inocua sino un espectáculo de olvido conveniente. Rebeca Torró calificó la actitud de "severa amnesia" y la consideró "indecente"; palabras duras que buscan transformar la incredulidad pública en exigencia de responsabilidades.

Feijóo, mientras tanto, procura deslindarse: la dirección de Génova reconoce que este asunto es un problema del PP y recuerda que quien tomó las riendas del partido heredó "una mochila" con el pasado. El intento de desvinculación, legítimo en términos tácticos, choca con la realidad fáctica: las sombras del pasado afectan al conjunto de la formación y obligan a explicaciones más allá de los gestos.

Desde Ferraz no se limita la crítica al gesto de Rajoy; hay un requerimiento directo a Feijóo: "tiene que dar explicaciones y asumir responsabilidades", y aclarar, entre otras cosas, si exigirá al ex presidente que entregue el carnet de militante. No es un emplazamiento simbólico, sino una demanda política concreta que apunta al corazón de la cohesión interna del PP.

En el centro del choque están también las palabras del propio Rajoy ante el tribunal: negó que existiera una "operación política" para sustraer información dañina al entorno de Luis Bárcenas y defendió que lo ocurrido fue una actuación policial orientada a recuperar dinero y localizar testaferros. Rajoy insistió en que ministro, secretario de Estado y presidente del Gobierno no están en operaciones policiales y defendió la legalidad de la actuación.

La defensa pública del partido se completa con la intervención de Elías Bendodo, que reivindica la confianza en la justicia y, al mismo tiempo, aborda otros frentes: los pactos con Vox y el concepto de "prioridad nacional". Bendodo se posiciona contra regularizaciones masivas y deportaciones colectivas, defendiendo una inmigración "legal, ordenada" y rechazando aquello que "no cumpla la ley y la Constitución". Es la versión política que quiere proyectar normalidad y control, aun cuando las dudas públicas sobre coherencia y pasado siguen presentes.

La escena es, por tanto, doble: por un lado, la escenificación de un blindaje partidario que apela a los tiempos y a la Justicia como bálsamo; por otro, la denuncia política que convierte la declaración en un acto de exhibición de olvido y exige responsabilidades a quienes hoy dirigen. No hay en los hechos nada que conforme a los ciudadanos más que la claridad y la rendición de cuentas. La convivencia democrática reclama que las respuestas no queden encapsuladas en consignas, sino que se traduzcan en explicaciones verificables y, cuando proceda, en consecuencias claras para quienes llevaron la responsabilidad política en el pasado.