Cero tolerancia: quien agrede debe salir del centro escolar

El Gobierno de Navarra ha puesto sobre la mesa una medida rotunda: el alumnado que actúe como agresor en casos de acoso escolar o ciberacoso deberá abandonar de forma definitiva el centro donde haya cometido esas conductas. No es una ocurrencia; es el eje central del proyecto del nuevo Decreto Foral de Convivencia que el Departamento de Educación ha remitido al Portal de Transparencia para recoger aportaciones.

La reforma sustituye al decreto vigente desde 2010 y despliega un paquete de disposiciones destinadas a reforzar la convivencia y a blindar la protección de las víctimas. Entre las medidas figura la posibilidad de trasladar al estudiante responsable de conductas graves —maltrato entre iguales, violencia contra las mujeres o agresiones especialmente graves— a otro centro, con el visto bueno de la Dirección General de Educación y tras escuchar al Consejo Escolar. El objetivo declarado es proteger a la víctima y facilitar su recuperación emocional en su entorno habitual.

El traslado se realizará preferentemente dentro de la misma red de centros y modalidad lingüística. Y la norma prevé excepciones: si no existen condiciones adecuadas en otro centro, se podrá suspender el derecho de asistencia durante quince días lectivos aplicando medidas de protección. En el caso de alumnado mayor de edad, incluso está prevista la posibilidad de rescindir la matrícula. Son respuestas firmes ante conductas que, según la propia Administración, han crecido y preocupan.

El decreto incorpora por primera vez la salud mental y el malestar socioemocional como factores relacionados con la convivencia escolar y distingue con nitidez el conflicto del acoso. Introduce además tipologías de violencia —racial o xenófoba, LGTBI+fobia, violencia contra las mujeres o discriminación por discapacidad— para afinar la respuesta institucional.

Se contempla igualmente un protocolo específico de evaluación e intervención que se activará ante la sospecha de acoso cuando cualquier miembro de la comunidad educativa lo comunique. Ese procedimiento pasará a formar parte del Plan de Convivencia integrado en el Proyecto Educativo de cada centro: una exigencia de certeza frente a la incertidumbre y la permisividad.

Las cifras que maneja la Administración explican la prisa por actualizar la norma. Un estudio presentado en noviembre de 2025 sobre vulnerabilidad y fortaleza emocional reflejó un incremento del 6% en los casos de acoso escolar respecto al curso 2022-2023; en esa investigación, realizada sobre una muestra voluntaria y anónima de 15.544 estudiantes, el 48,4% afirmó haber sufrido acoso escolar presencial. Otra investigación del curso 2024-2025, con 3.410 estudiantes y 1.481 docentes, indicó que el 46% del alumnado reconocía haber realizado alguna conducta de bullying presencial, más de diez puntos por encima del 32% registrado en 2023.

Esos datos no permiten indulgencias. El proyecto navarro apuesta por instrumentos claros: definición de conductas, tipologías, protocolos de detección e intervención y sanciones que pueden llegar hasta la expulsión definitiva o la rescisión de matrícula. Son medidas que tratan de restablecer el orden y la dignidad del aula, y de poner en el centro la protección del alumno víctima.

Corresponde ahora abrir el periodo de aportaciones, debatir y someter esa norma al escrutinio público. Pero la dirección es inequívoca: si el objetivo es garantizar la convivencia y la seguridad de los menores, las reglas deben ser conocidas, aplicadas sin tibiezas y acompañadas de recursos efectivos para la prevención, la atención psicológica y la recuperación de quienes han sufrido el daño. Navarra ha lanzado una propuesta severa; tocará a la comunidad educativa y a la sociedad decidir si aceptamos la mano firme necesaria para proteger a los inocentes.