Castilla y León en la encrucijada: entre la despoblación y la política de siempre

En Ponferrada, bajo lluvia o bajo sol, con nieve si llega, los integrantes de la asociación Oncobierzo repiten un reclamo que no admite demoras: completar la plantilla de oncólogos y mejorar servicios y listas de espera en el Hospital del Bierzo. Atiende a 120.000 habitantes de las comarcas del Bierzo, Laciana y la Cabrera; para quienes esperan un tratamiento, “algún día” es demasiado tiempo. Esa imagen de pacientes aguardando se parece peligrosamente a la del conjunto de una comunidad: lenta, dispersa, envejecida.

Castilla y León no llega a dos millones y medio de habitantes y ocupa 94.000 kilómetros cuadrados. Es la comunidad más extensa de España: ciudades de catedrales esplendorosas, miles de pueblos donde cada mañana suena la bocina del panadero y, a la vez, territorios desconectados y olvidados. Esa dispersión se traduce en carencias concretas —transporte, servicios sanitarios, oportunidades laborales— que condicionan la vida de quienes resisten en el medio rural.

El mapa político de la comunidad lleva la firma del Partido Popular desde 1987. El recuerdo del primer gobierno del PSOE, con Demetrio Madrid entre 1983 y 1986, se diluye en la niebla de las décadas. Pero no es una hegemonía inmune a las fracturas: el fin del bipartidismo y la fragmentación del voto han impreso convulsión a las últimas legislaturas. En 2019 el PP perdió las elecciones pero gobernó con Ciudadanos; Alfonso Fernández Mañueco rompió ese acuerdo con un adelanto electoral en 2022 que, aun ganando, condujo a un pacto con Vox. Castilla y León se convirtió así en la primera comunidad donde PP y Vox gobernaron en coalición.

Las tensiones internas de ese acuerdo no tardaron en aflorar. Vox se marchó en julio de 2024 con un portazo; su responsable autonómico, Juan García‑Gallardo, dimitió siete meses después, tras desavenencias con la dirección nacional. Hasta entonces, García‑Gallardo había pronunciado postulados característicos del partido, hablando de “invasión migratoria” y usando el término “violencia intrafamiliar” en vez de violencia de género.

La realidad económica y demográfica arroja luces y sombras. La falta de dinamismo industrial —con excepciones como el agroalimentario, la automoción en Valladolid y Palencia, y el químico‑farmacéutico en León— lastra la creación de empleo. Agricultura y ganadería resisten, pero el relevo generacional es difícil; buena parte de las labores del campo y de actividades conexas dependen hoy de trabajadores migrantes. A pesar de ello, la comunidad registra un tímido crecimiento interanual que no alcanza el uno por ciento, atraída por la posibilidad de estirar el salario y por un ritmo de vida menos acelerado.

En el terreno político local emergen sentimientos de desafección que también se traducen en votos. La provincia de León acentúa su distanciamiento: muchos se sienten parte de otra historia y reivindican una autonomía propia. La Unión del Pueblo Leonés cuenta con tres procuradores y, según varias encuestas, podría conservar su representación en estas elecciones.

La campaña se presenta así como un examen a la gestión prolongada: sanidad con listas de espera, territorios aislados, escaso impulso industrial, un crecimiento poblacional leve y tensiones políticas que han llevado a alianzas incómodas y a rupturas. Los reclamos de quienes esperan lo esencial —un tratamiento, una plaza en una residencia, una atención sanitaria digna— no admiten retóricas: exigen soluciones. Y en unas elecciones autonómicas, las urnas decidirán si la respuesta que propone el poder vigente basta para frenar el cansancio y la raíz profunda de la despoblación.