Capturado el 'Pablo Escobar de la era moderna': qué dice la acusación y qué queda por dilucidar

La narrativa breve y brutal de los grandes narcos se repite: arresto, extradición, imputación. Sebastián Marset, uruguayo, fue detenido en Santa Cruz de la Sierra y trasladado de inmediato a una prisión de Estados Unidos por la DEA. Frente a un tribunal federal en Virginia enfrenta un cargo único, según la fiscalía: conspiración para lavar capitales, con una pena máxima de hasta 20 años de prisión.

No es una novela de exageraciones; son cifras que aparecen en el acta de imputación: envíos de cocaína a Europa por toneladas y, en un caso concreto de enero de 2021, una deuda que llegó a 17 millones de euros —que hoy equivaldría a más de US$19,5 millones— y de la que al menos 5 millones de euros habrían sido cobrados y en su mayoría blanqueados a través del sistema bancario de EE.UU.

La acusación no le atribuye, al menos en este documento, conspiraciones para introducir drogas en territorio estadounidense. El principal escenario de sus presuntos envíos habría sido Europa, y por ello el foco legal de Washington se centra en el uso del sistema financiero norteamericano para lavar ganancias del tráfico internacional.

La imputación no actúa en solitario: identifica a un colaborador estrecho, Federico Santoro, quien ya se declaró culpable el año pasado y fue condenado a 15 años en el mismo juzgado. Santoro —siempre según el documento— recaudaba ingresos de los envíos, gestionaba transferencias internacionales, recurría a facturas falseadas y empresas pantalla registradas en Sudamérica y Asia, y usaba bancos corresponsales en EE.UU., incluido al menos uno en Virginia.

El expediente describe métodos de ocultación y entrega: mensajeros y tokens, euros depositados en maletas al borde de carreteras en Europa, y la instrucción directa de Marset en la movilización de fondos. También recoge advertencias: tanto Marset como Santoro habrían amenazado con recurrir a la violencia para proteger sus actividades.

La captura ha sido celebrada por Washington y socios sudamericanos. La DEA llegó a describirlo como un “Pablo Escobar de la era moderna” y su jefe calificó el arresto como “un paso significativo hacia una América más segura”. Pero la justicia opera con reglas: abogados con experiencia señalan que, frente a una pena máxima de 20 años por el cargo principal, existe un incentivo real para que los fiscales consideren un acuerdo que evite un juicio largo, especialmente si Marset puede aportar información sobre redes en el Cono Sur.

El perfil procesal no es despreciable: Marset tiene además causas pendientes por narcotráfico en Bolivia y Paraguay, y en 2018 cumplió cinco años de prisión en Uruguay por tráfico de marihuana. Todo ello compone un panorama judicial que no se resolverá en un acto de bravura mediática sino en el trámite frío de negociaciones, pruebas y decisiones estratégicas de la fiscalía.

Queda, en suma, un doble desafío: para quienes celebran la detención, la satisfacción inmediata; para el sistema jurídico, la prueba de transformar esa captura en condenas efectivas y en inteligencia procesable contra las cadenas transnacionales del narcotráfico. Y para el ciudadano atento, la obligación de seguir el proceso sin mistificaciones: los hechos están en el acta de imputación y las posibilidades legales están sobre la mesa.