¿Caja o cajón de sospechas? El PSOE frente al espejo de las liquidaciones

El nombre de la caja del Partido Socialista ha entrado en la sala del Tribunal Supremo con la gravedad de un término procesal y la resonancia de una duda pública. Mariano Moreno Pavón, ex gerente del PSOE, ha pintado un cuadro nítido: una única caja alimentada por la cuenta de funcionamiento, dotaciones solicitadas al banco y entregas por empresa de seguridad. Esa versión quiere ser la pared lisa que cierre cualquier filtración de sospecha.

Moreno negó con rotundidad la existencia de billetes de 500, 200 o 100 euros en la caja: "nunca, nunca" pidieron esos billetes, dijo. Es una afirmación que busca cortar de raíz la imagen, difundida en informes policiales, de entregas en metálico rotuladas con motes groseros —txistorras, coles y lechugas— que evocan una economía paralela dentro de la política.

No es menor la precisión sobre el uso del efectivo: según el ex gerente, la caja tenía un uso restringido y determinado. Tres categorías, dijo Moreno, marcaban su destino: viajes, gastos de representación y gastos de actividad. Esa delimitación pretende ser la garantía de que el efectivo cumplía una función concreta y limitada, no la excusa para un cajón opaco de pagos indefinidos.

Pero sobre ese relato impecable, la defensa de Koldo García ha lanzado un desafío quirúrgico: exhibir hojas de liquidaciones que, según la letrada Leticia de la Hoz, habrían sido pasadas al PSOE sobre gastos de Ábalos. Moreno reconoció el formato de esos documentos y negó conocer sus detalles; la abogada, por su parte, subrayó un dato incómodo: esas hojas están firmadas pero carecen de fechas y de conceptos y no fueron aportadas al Tribunal de Cuentas.

Ahí se instala la fisura. La existencia de documentos firmados sin fecha ni concepto no es una anécdota administrativista: es una grieta que socava la reclamación de una contabilidad perfecta. La defensa ha orientado su interrogatorio a desmontar la versión de la absoluta legalidad contable que Moreno defendió; no es una herramienta retórica, es una cuestión de pruebas y de transparencia.

El tono del interrogatorio subió con razón. En los juzgados, como en la vida pública, los matices se vuelven llanos expedientes cuando falta la claridad. Moreno admitió el manejo minoritario de efectivo y la autorización de gastos por parte del señor Ábalos, según sus palabras. Esa mención sitúa decisiones y responsables en el territorio de lo verificable y, por tanto, cuestionable cuando la documentación adolece de concreción.

El juicio dejó además otras comparecencias que hablan de pasillos y llamadas: Pedro Saura relató una gestión incómoda, la llamada de Víctor de Aldama por el rescate de Air Europa y la intermediación señalada de Koldo García. Saura admitió que la llamada le "molestó" y reivindicó la norma: las ayudas las decide la SEPI. Son detalles que no son meras anécdotas; son fragmentos de una escena administrativa donde la prudencia y la rigidez de los procedimientos son el mejor antídoto contra la sospecha.

Exigir claridad no es erigirse en inquisidor; es reclamar que la política no se sustente en sombras. Si la caja tenía un uso concreto, si los pagos estaban transferidos mayoritariamente y si las hojas que ahora aparecen están incompletas o no constan en el Tribunal de Cuentas, corresponde a las instituciones, a la fiscalía y al propio partido arrojar luz con documentos y explicaciones plenas.

La democracia exige más que declaraciones rotundas; exige comprobaciones. Cuando la contabilidad no se muestra en su integridad, el ciudadano duda, y la duda es un terreno fértil para la desafección. Ferraz y quienes administraron sus cuentas deben convertir esa duda en certeza probatoria: transparencia, entrega de registros completos y rendición de cuentas clara. No hay patriotismo posible sin limpieza en la gestión pública.