Broma y solemnidad: la Audiencia Nacional y el juicio que interpela al PP

La sala se levantó entre sonrisas, pero el asunto que allí se ventila no admite ligereza. El presidente del tribunal, Alfonso Guevara, cerró la vista con una broma que quedó en el aire: “Espero que todo el mundo haya tomado la comunión y que todas las fiestas de San Isidro las pague el PP. Fin”. Un gesto de humor —y quizás de acerada ironía— que pone un contrapunto verbal al substrato de hechos que se juzgan.

No es chanza menor: desde el 19 de enero la Audiencia Nacional acoge el primer gran juicio contra Francisco Granados, exconsejero bajo la etapa de Esperanza Aguirre y ex secretario general del PP de Madrid. La vista se enmarca en una rama del macrosumario del caso Púnica y se centra en el presunto amaño de contratos para la celebración de festejos entre 2004 y 2013, adjudicaciones que, según la investigación, habrían favorecido a la compañía Waiter Music, dirigida por José Luis Huerta.

Las declaraciones grabadas del ya fallecido empresario, reproducidas en la sala, son una pieza importante del proceso: en la instrucción confesó los amaños y señaló a organismos y prácticas que ahora se examinan públicamente. No inventemos conclusiones: lo que consta en sede judicial es la confesión registrada en la fase de instrucción y la imputación de hechos relacionados con adjudicaciones a favor de Huerta.

En el banquillo no está sólo Granados. Figuran, según el expediente y la vista oral, ex cargos populares como David Erguido y media docena de exalcaldes —entre ellos José Carlos Boza, José Miguel Moreno, Esteban Parro, Daniel Ortiz, María Ángeles Herrera y Carlos Alberto Estrada— cuya responsabilidad será dirimida en el juicio.

Tras tres meses de sesiones, el proceso transita sus últimos coletazos y hará una pausa hasta el 18 de mayo. El magistrado, conocido por su severidad en sala —recordado por otras intervenciones tajantes durante la vista— lanzó su broma final y dejó la cuestión en suspenso, mientras la realidad procesal prosigue: audios, confesiones y acusaciones sobre presuntos amaños de contratos municipales que deberán resolverse con la ponderación y la ley que exige la Audiencia Nacional.

No hay lugar para la banalidad cuando se juzgan hechos que afectan a la gestión pública. La anécdota verbal del día debe leerse, por tanto, como un epígrafe en un proceso cuya trascendencia política y judicial no admite frivolidades: testimonios grabados, nombres concretos en el banquillo y una investigación que persigue esclarecer si contratos de festejos fueron objeto de adjudicaciones condicionadas. La nación, la administración pública y la confianza ciudadana reclaman claridad y resolución conforme a derecho.