Bolaños apuesta por proteger el honor y retocar la 'ley mordaza': hora de coherencia o de excusas

En una comparecencia maratoniana de cuatro horas ante la comisión constitucional, Félix Bolaños ha dejado sobre la mesa dos decisiones que exigen claridad: en mayo remitirá al Parlamento el proyecto de ley de protección al honor y ese mismo periodo verá un nuevo empuje para reformar la cuestionada ley de seguridad ciudadana, la llamada 'ley mordaza'.

No son ocurrencias: el anuncio concreto de la ley del honor incluye, entre otros puntos citados por el propio ministro, que por debajo de los 16 años no se podrá prestar consentimiento respecto a la propia imagen. Es una medida de calado, anunciada con la solemnidad que merece, frente a la gramática habitualmente hueca de tantas promesas incumplidas.

Bolaños no solo habló de normas técnicas: defendió un retrato de España como “democracia plena” y destacó que solo el 7% de los países son liberales en la escala que invocó. Ese marco explicativo sirvió para reivindicar balances: 60 leyes aprobadas en la legislatura, dos de las cuatro reformas constitucionales ya ejecutadas y una tercera en camino, y un balance de votaciones que el ministro cifró en 1.547 de 1.787, es decir, un 85% de éxito.

El optimismo administrativo chocó con críticas sin ambages. Socios parlamentarios reclamaron más “audacia”; Jon Iñarritu y Gerardo Pisarello, por ejemplo, apuntaron al retraso histórico en la modificación de la ley mordaza. Y desde la derecha, PP y Vox no solo cuestionaron al Gobierno: el portavoz de Vox, Carlos Flores, anunció por su lado el pacto con el PP para gobernar cuatro autonomías pendientes, detalle político que el propio Bolaños registró y utilizó para interpelar sobre recortes y prioridades futuras.

La sesión no rehusó los golpes personales y las acusaciones cruzadas. Desde el debate sobre el juicio al exministro José Luis Ábalos hasta los dardos de Cayetana Álvarez de Toledo, que llegó a tildar al ministro y al presidente de palabras y epítetos que el propio Bolaños calificó de “bulo bestial” y “disparate”. El cruce de reproches mostró, sin embargo, que la estrategia del Gobierno pasa por conjugar relato externo —la defensa de derechos y el posicionamiento internacional— con reformas internas para evidenciar coherencia entre discurso y práctica.

En ese contexto, la petición del ministro a los grupos para evitar posiciones maximalistas suena a mandato y advertencia: hay leyes pendientes que requieren transacciones y realismo parlamentario. La reforma de la ley mordaza lleva siete años en el debe de compromisos repetidos; la exigencia ahora es convertir en hechos lo que hasta hoy han sido promesas y planteamientos enzarzados en batallas de máximos.

El anuncio de la ley del honor y la promesa de relanzar la reforma de la ley de seguridad ciudadana configuran, por tanto, una oferta política clara. Queda por ver si habrá capacidad para traducirla en consenso y textos que preserven libertades sin sacrificar seguridad, o si las inercias partidistas y los insultos de salón continuarán consumiendo el tiempo parlamentario. Esa es la prueba: normas concretas frente al ruido retórico.