Anticorrupción sitúa a Hidalgo en el cohecho por la nota que salvó a Air Europa

La pieza que se debate en el Tribunal Supremo añade una arista nueva y comprometida al caso Air Europa: el informe final de la Fiscalía Anticorrupción incorpora a Francisco Javier Hidalgo en la cadena del cohecho que rodea la nota de prensa favorable al rescate de la aerolínea.

No son retóricas ni insinuaciones: el escrito definitivo atribuye de manera expresa que Víctor de Aldama "gestionó con Francisco Javier Hidalgo el pago de la estancia en un chalet vacacional" que disfrutó, según la acusación, José Luis Ábalos durante diez días en agosto de 2020 en Marbella. Esa estancia —los fiscales apuntan a un alquiler de 8.000 euros y mencionan pagos periódicos de 10.000 euros al asesor Koldo García en la instrucción— forma parte del delito continuado de cohecho que se imputa al ex ministro, a su asesor y a terceros.

Hidalgo compareció en el Supremo y negó conocer ese pago, afirmando que lo buscado por la aerolínea era una nota oficial que anunciase la concesión del rescate para tranquilizar a acreedores. El Ministerio de Transportes, según el escrito, aceptó difundir información favorable a través de ciertos medios. Pero el matiz procesal introducido por Anticorrupción no es menor: aunque la Fiscalía suaviza ahora que Ábalos "autorizó" y no "promovió" la nota, mantiene la calificación de cohecho.

La instrucción ha seguido además los pasos de la colaboración de Aldama con la Fiscalía: su relato inicial, que vinculaba pagos directos para esos gastos, ha sufrido matizaciones —el fiscal admite ahora que la cantidad fue abonada "bien por V�ctor de Aldama, bien por otra persona por indicaci�n suya"— y el empresario se distancia en parte de la tesis acusatoria al negar que la familia Hidalgo solicitase comisiones. Aun así, la imputación a Hidalgo aparece en el texto definitivo, ajustada a la prueba practicada en la vista oral.

No es una cuestión de semántica procesal: es la constatación de que la Fiscalía, tras la vista, considera acreditada la intervención de actores económicos y políticos en una trama de contraprestaciones vinculada a una comunicación pública que beneficiaba a una compañía en riesgo. El relevo en verbos —de "promover" a "autorizar"— no borra la continuidad del delito que se atribuye. El procedimiento sigue su curso y la gravedad de lo apuntado, con nombres y actos concretos, obliga a que la sociedad reciba respuestas claras y motivadas por hechos, no por eufemismos.

España merece instituciones que investiguen sin temor y procedimientos que no se diluyan en circunloquios. Los hechos consignados por Anticorrupción sitúan ahora a un ex dirigente empresarial en el eje de una acusación por cohecho; corresponde al Tribunal Supremo valorar la prueba aportada y ofrecer la última palabra judicial. Mientras tanto, la política y la opinión pública deben atender a lo que está descrito en el proceso, no a lo que se pretende matizar con retóricas protectoras.