Aldama coloca a Sánchez en el ojo del huracán: el poder transversal que habría dado carta blanca a Koldo

Hoy, en la sala del Tribunal Supremo, se escribe la pieza más sensible del rompecabezas del caso Mascarillas: Víctor de Aldama sitúa a Pedro Sánchez como el origen último del «poder transversal» que Koldo García habría desplegado dentro y fuera del Gobierno.

No es una mera insinuación: Aldama atribuye a la confianza presidencial la influencia que, a su juicio, permitió a Koldo dar instrucciones a ministros y presidentes autonómicos para favorecer a las empresas que pagaban comisiones. Es la tesis que vertebra su gran confesión —la que promete alargar durante toda la jornada— y que pone en el centro del proceso la figura misma del jefe del Ejecutivo, aunque el propio Sánchez haya negado siempre cualquier vinculación.

El relato de Aldama enlaza hechos concretos: la rapidez con que responsables autonómicos como Francina Armengol o Ángel Víctor Torres atendían las peticiones de la trama; la presunta decisión personal de Sánchez de situar a Koldo junto a Ábalos; las visitas y contactos con dirigentes como María Jesús Montero, la presidenta del Congreso y la esposa del presidente, según el acusado. Son apuntes que él presenta como explicación de por qué determinados requerimientos eran obedecidos con celeridad.

No olvidemos que este episodio llega tras una primera colaboración en la Audiencia Nacional, donde Aldama ya conectó a Koldo con Sánchez y mostró la fotografía tomada en el reservado del Teatro La Latina en 2019. Aquel testimonio provocó una respuesta pública del presidente calificándolo de circunstancial y negando vínculos; hoy, esa misma pieza se incorpora a un relato más amplio ante el Alto Tribunal.

Las piezas materiales que Aldama invoca no son meriendas de café: habla de pagos en metálico por más de cuatro millones, manuscritos que aluden a adjudicaciones, y menciona grabaciones de Koldo en las que aparecen protagonistas aludiendo al reparto del botín. La investigación judicial, según confirma la información, ha detectado manejo abundante de efectivo por parte de los implicados y ha encontrado indicios compatibles con amaños de contratos.

La Fiscalía Anticorrupción valora la colaboración de Aldama y le aplica una rebaja en la petición de pena: pide para él siete años y una multa de 3,8 millones, frente a lo solicitado para otros acusados. Es esa balanza —la credibilidad de su testimonio frente a las pruebas documentales y sonoras— la que puede inclinar la gravedad del veredicto contra la antigua cúpula de Transportes.

Aldama, descrito por la Guardia Civil como el «nexo corruptor» de altos cargos, no ha rehuido la confrontación: al salir de prisión lanzó una advertencia al presidente y aseguró que aportaría pruebas. Hoy las deposita en sede judicial. Lo que antes eran sospechas se presentan ahora como narración pormenorizada; y lo que cabe recordar es elemental en democracia: las acusaciones que tocan al más alto nivel exigen pruebas sólidas y un proceso que haga hablar a los hechos, no a las insinuaciones.

El juicio entra en su jornada decisiva. La ciudadanía espera, legítimamente, que el Supremo deslinde con rigor lo que son testimonios, lo que son indicios y lo que pueda constituir culpabilidad probada. Ninguna sospecha, por poderosa que parezca, debe sustituir al dictamen de los tribunales; pero tampoco puede ser desoída la gravedad de las imputaciones cuando vienen acompañadas de documentos, grabaciones y confesiones públicas.