Albares eleva el caso: diplomacia en tiempo de rescate y contención

El gesto ha sido claro y medido: dos convocatorias, dos mensajes enviados con la solemnidad propia de la diplomacia en tensión. José Manuel Albares ha citado a la encargada de negocios de Israel y al embajador iraní Reza Zabib. No es ceremonioso: es una respuesta directa a un conflicto que proyecta sus consecuencias sobre un ciudadano español retenido.

Que España lleve este asunto a la sala de la política exterior significa elevar el caso de Saif Abukeshek a un plano que ya no es sólo jurídico ni exclusivamente humanitario: es político. El activista, nacionalizado español y detenido tras el abordaje a la nueva Flotilla de la Libertad, pasa a ser una prioridad de Estado. El Gobierno afirma que la acción no está regida por el Derecho Internacional y que atenta contra la libertad; pide su puesta en libertad y reclama respeto a las garantías. Eso es lo que se ha trasladado a los representantes diplomáticos.

No obstante, conviene no confundir intensidad diplomática con facultad ejecutiva plena. La convocatoria de embajadores —esa herramienta clásica que busca una explicación, una reprimenda o una protesta formal— demuestra firmeza, pero no sustituye la última decisión soberana del Estado que detiene. España puede presionar, elevar el conflicto, convertirlo en asunto de Estado; pero la decisión final sobre la libertad del detenido depende, en la práctica, del Gobierno de Israel y de su aparato judicial y político.

La reiteración tiene significado: Reza Zabib ya fue citado el 13 de enero por la «enérgica repulsa y condena» de España por la violencia contra manifestantes en Irán. No estamos ante una gestión improvisada, sino ante una política exterior que utiliza las voces diplomáticas para señalar transgresiones y para reclamar remedios. La diplomacia dispone de escalones: la protesta verbal, la llamada a consultas, la retirada de embajadores y, en último término, la ruptura de relaciones. Cada paso es más severo y cada escalón busca resultados distintos.

¿Qué se puede esperar ahora en lo inmediato? Que la exposición política del caso acelere trámites, que presione sobre condiciones de detención y que convierta en incómoda para el Estado tercero la continuidad de una medida cuyo reproche internacional se intensifica. Pero, también hay que decirlo con realismo patriótico: salvo pruebas de vulneración grave de derechos humanos que obliguen a intervención internacional o a sanciones, la diplomacia española no puede forzar una liberación inmediata.

Actuar con firmeza y claridad —esa es la obligación del Gobierno—: proteger al ciudadano español sin ocultar las limitaciones del instrumento diplomático. Convocar, reprender, elevar el asunto; eso es lo que ha hecho Albares. Defender a los nacionales y nacionalizados en el exterior exige, además de gestos diplomáticos, una estrategia que combine presión política, alianzas internacionales y vigilancia legal. España ha dado un paso; queda por ver si esos pasos serán suficientes para traer a casa a quien reclama la protección de su patria.