A juicio en el Supremo: la trama de las mascarillas y la encrucijada de la política

Que la Justicia se siente en el lugar donde la política dejó de ser diálogo y pasó a ser sospecha: ese es el primer efecto palpable del inicio del juicio por la llamada trama de las mascarillas en el Tribunal Supremo.

Desde este martes, los interrogatorios al hijo y a la expareja del exministro de Transportes abren una vista oral que el Alto Tribunal ha programado en 13 días, con sesiones de mañana y tarde, y para la que ha citado a 81 testigos: cargos públicos, empresarios y familiares. No son meros nombres en una lista; son piezas de una trama que ahora se somete a la exposición pública y probatoria en el Salón de Plenos.

José Luis Ábalos y Koldo García afrontan peticiones de penas muy elevadas: la Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años para el exministro y 19 años y medio para su antiguo asesor, mientras que las acusaciones populares, unificadas bajo la dirección del PP, piden hasta 30 años para ambos. Los delitos atribuidos —organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, uso de información privilegiada, prevaricación y malversación— configuran la gravedad de las imputaciones que se ventilan ahora.

En contraposición, Víctor de Aldama, señalado por la Guardia Civil como el “nexo corruptor”, llega al juicio en libertad y con una petición de pena notablemente inferior: siete años, tras aceptar parte de los hechos. Para Aldama, el Ministerio Público y la acusación popular piden siete años tras aplicarle una atenuante por confesión; él, no obstante, niega dos de los delitos que se le imputan: falsedad documental y tráfico de influencias.

La diferencia procesal entre los acusados no es sólo numérica: explica la dinámica de las defensas durante la instrucción y la audiencia preliminar, donde Ábalos y Koldo intentaron sin éxito anular el procedimiento y acusaron a Aldama y a la Fiscalía de un acuerdo extrajudicial para rebajar la pena del empresario, extremo que fue rechazado por las partes fiscales y por la defensa de Aldama. Fuentes fiscales consultadas por el medio descartan posibilidad de conformidad al inicio de la vista.

También introduce un matiz significativo la situación personal de los imputados: Ábalos y su antiguo asesor están en prisión preventiva desde noviembre y cada día serán trasladados desde Soto del Real al Supremo; Aldama, en libertad, no tendrá ese lastre. El tribunal ha decidido que las declaraciones de los acusados se produzcan al final del procedimiento, una vez hayan desfilado los testigos y se hayan practicado las periciales, con la previsión de que Aldama, Koldo y Ábalos declaren, por ese orden, la mañana del 28 de abril si se cumple el calendario.

Este juicio no es un episodio aislado: es el primer juicio del denominado caso Koldo, que estalló con la detención del antiguo asesor en febrero de 2024 y que ha salpicado además a otras figuras del PSOE, incluyendo a Santos Cerdán, ahora investigado en otra pieza. La pérdida del fuero por la renuncia de Ábalos al escaño no ha impedido que el procedimiento por las mascarillas se celebre en el Supremo, pues la apertura de juicio oral se dictó cuando aún conservaba el aforamiento.

La ciudadanía —y la política— observa. No por morbo, sino porque el veredicto pondrá un punto final penal a hechos que ocurrieron en un tiempo de emergencia sanitaria y, sin duda, dejará enseñanzas sobre el control institucional, la contratación pública y la responsabilidad de quienes ocupan cargos de poder en tiempos de crisis. La Justicia hará su parte; corresponde a la política asumir la suya.