48 jubilados varados en Sri Lanka: ¿dónde está la respuesta del Estado?

Un grupo de 48 españoles, en su mayoría andaluces procedentes de Sevilla y Cádiz, se ha visto convertido de golpe en un caso de urgencia nacional que clama por una respuesta eficiente. Llegaron a Colombo para unas vacaciones —"el viaje de nuestros sueños", dicen— y, cuando tocaba volver vía Doha, el cierre del espacio aéreo por el conflicto en Oriente Medio cortó de raíz su regreso.

La voz que relata el drama es la de Margarita Fernández, que habla en nombre de todos: la situación es insostenible, están "agobiados y estresados" y muchos presentan necesidades sanitarias y médicas. No son cifras abstractas: son personas mayores, jubiladas, algunas con previsión de quedarse apenas catorce días y ahora atrapadas sin poder regresar.

Desde la cancelación del vuelo, el grupo ha agotado las vías privadas y públicas a su alcance. Han hablado con la compañía aérea, con la agencia, con el consulado en Sri Lanka, con la embajada en la India e incluso con el Ministerio de Asuntos Exteriores. La respuesta práctica ha sido insuficiente: la aerolínea ofrece la devolución del importe, pero no encuentra alternativas de vuelo; la agencia tampoco; el seguro no se hace cargo dado que se trata de un conflicto internacional.

No estamos ante una anécdota turística: estamos ante ciudadanos que reclaman evacuación urgente. Han facilitado un listado con los 48 afectados, han buscado alojamiento provisional en hoteles y denuncian que nadie les da una solución para salir por sus propios medios. La guerra, dicen, "se ha acercado ya a las costas de Sri Lanka" y la percepción de peligro y desprotección crece con cada día que pasa.

Es legítimo preguntar, con firmeza cívica y patriotismo exigente: ¿qué nivel de protección brinda el Estado a sus conciudadanos en circunstancias como ésta? La gestión de crisis consular no puede limitarse a la devolución económica de billetes cuando hay riesgo para la salud y la seguridad de personas mayores. Si la diplomacia y las redes consulares han sido informadas, y los afectados han elevado su petición al Ministerio, corresponde ofrecer alternativas reales: coordinación con países vecinos, corredores humanitarios, vuelos de evacuación o soluciones logísticas que permitan repatriar a quienes no pueden valerse por sí mismos.

Esto no es bandera ni espectáculo: es deber constitucional. Defender a los nuestros en el exterior, y más aún cuando se trata de jubilados con problemas médicos, es una obligación inexcusable del Estado. La devolución del dinero no compensa la angustia, ni satisface la necesidad de tratamiento médico continuado, ni repone la seguridad perdida.

Quejarse no basta; exigir una actuación ágil y efectiva sí. Los 48 españoles atrapados en Colombo reclaman, con razón, una evacuación urgente. La nación debe responder con la misma intensidad y lealtad con que ellos confiaron al salir de viaje. Ese es el termómetro de la responsabilidad pública: medirla por la protección que da a los más vulnerables cuando están lejos de casa.