15.818 cambios registrales: preguntas pendientes y deber de transparencia

La estadística no admite adjetivos: 15.818 inscripciones registrales de cambio de sexo desde la entrada en vigor de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, aprobada en febrero de 2023. Es el dato que el propio Gobierno ha puesto sobre la mesa en respuesta a una batería de preguntas parlamentarias presentadas por Vox.

Ese número, por contundente, obliga a exigir claridad. Vox ha preguntado cuántas de esas inscripciones corresponden a personas con antecedentes penales o policiales relacionados con delitos sexuales. El Ejecutivo, en la respuesta parlamentaria, no ha facilitado esa cifra. No es una omisión menor: cuando se trata de derechos individuales que intersectan con la seguridad colectiva, la información pública tiene carácter público y exigible.

Vox también ha preguntado si se comprueban antecedentes penales y/o policiales y, en caso negativo, por qué no se hace. Sobre el procedimiento, el Gobierno recuerda lo que recoge el artículo 44 y siguientes de la Ley Trans: el trámite consiste en la realización de dos comparecencias ante el encargado donde se recoge la manifestación del interesado de disconformidad con el sexo mencionado. Es la descripción legal; ahora falta responder a la pregunta práctica: ¿ese procedimiento incluye verificaciones adicionales o controles cruzados con registros policiales o penales?

La política no puede sustentarse en escenas fotográficas ni en declaraciones aisladas. La propia ex ministra de Igualdad, Irene Montero, fue fotografiada tras la aprobación de la ley; las imágenes son públicas. Pero las imágenes no sustituyen la explicación técnica y la garantía de que los procedimientos aplicados salvaguardan tanto los derechos individuales como la seguridad colectiva.

Exigir datos no es una maniobra partidista, sino una demanda básica de responsabilidad institucional. Si la cifra de 15.818 es real —y lo es, según la respuesta parlamentaria—, corresponde ahora al Gobierno precisar los mecanismos que aplican en los registros, si existen controles para comprobar antecedentes cuando procede y, en definitiva, aportar la información que la Cámara ha solicitado y los ciudadanos merecen recibir.

No hay que confundir la protección de derechos con la ausencia de control. La letra de la ley se describe en el Boletín, pero su aplicación requiere transparencia y explicaciones públicas. Sobre datos concretos —cuántas inscripciones vinculadas a antecedentes por delitos sexuales, si se realizan comprobaciones—, la respuesta oficial fue insuficiente. Eso exige réplica: más datos, más rigor y más responsabilidad institucional.