Una defensa que no se sostiene ante 16 puñaladas

La frialdad de los números no admite eufemismos: 16 puñaladas, dos de ellas mortales, con heridas de 12 y 15 centímetros en la espalda y el costado derecho, acabaron con la vida de Paula por shock hipovolémico. No son metáforas ni suposiciones, son las lesiones que indican una agresión brutal y sostenida.

Desde el banquillo, Marco R. ha reconocido que Paula murió, pero ha instalado su defensa en una versión que suena a geometría improbable: que el cuchillo lo tenía ella; que él trató de quitarle el arma y que, en la caída, ella se la clavó; que todo fue un accidente y un acto de legítima defensa. Contrasta esa versión con la realidad de las heridas: puñaladas en espalda, manos, brazos y piernas de la víctima, frente a rasguños y un corte menor en el acusado.

El sosiego del acusado ante las preguntas del tribunal y sus reiteradas afirmaciones no borran otros hechos que la Fiscalía ha puesto sobre la mesa: presunta premeditación y alevosía, la sustracción del cuchillo seis días antes y el comportamiento del procesado tras el crimen, que incluye no socorrer a Paula, lavar sus manos y su ropa manchada de sangre y marcharse a la playa dejando la puerta cerrada. Hechos, no conjeturas, que la Fiscalía entiende como indicios claros de una preparación y de una actitud que nada tiene de espontánea.

También pesan sobre el relato de la defensa antecedentes que no pueden ignorarse: condenas y episodios de control y maltrato descritos por la Fiscalía y por quienes conocieron la relación. La muerte de Paula, según la acusación, no fue un hecho aislado sino el culmen de años de maltrato; el Ministerio Público incluso vincula al acusado con otra muerte, la de Sibora Gagani, cuyo cadáver apareció emparedado en un piso que compartió con Marco, a raíz de la reapertura del caso tras años de ausencia.

La indignación de la familia —expresada en la sala y fuera de ella— revela la distancia entre la versión del acusado y la experiencia de quienes sufrieron los malos tratos. El hermano de la víctima calificó de “chiste” la alegación de legítima defensa; la acusación particular y la Junta de Andalucía se han adherido al escrito del Fiscal; los peritos y forenses llamados al juicio son los expectantes que deberán confrontar la narrativa del acusado con la evidencia médica.

Ante un jurado popular que tendrá la última palabra, la sociedad observa algo más que un pleito: mira cómo se contrastan hechos y relatos, pruebas y relatos emotivos, y cómo se administra la justicia cuando la violencia de género desemboca en la muerte. No se trata de dramatizar con retórica: se trata de comparar la contundencia de las heridas, la secuencia de actos posteriores y los antecedentes con la explicación del acusado. Esa comparación será la que, en unos días, determine si estamos ante un accidente o ante la consumación de una violencia sostenida y mortal.