Un torturador entre nosotros: la impunidad que cruzó fronteras

La historia es de una claridad cortante: Rafael Quero Silva, comandante del Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana en Barquisimeto entre 2013 y 2014, fue identificado por víctimas como responsable de detenciones y torturas durante la represión de las protestas antigubernamentales. Entre quienes lo reconocieron está María Elena Uzcátegui, detenida en su domicilio y enviada a la cárcel de Uribana, donde fue —según su relato— la primera mujer presa por razones políticas en esa prisión.

El reconocimiento público de Quero Silva no ocurrió en un tribunal, sino en un plató televisivo. Miembros de la diáspora en Miami lo señalaron en 2018 apareciendo como extra en la telenovela "Mi familia perfecta" de Telemundo, vestido incluso de policía. La imagen es grotesca: el acusado de represor convertido en figurante de entretenimiento, viviendo en Estados Unidos mientras sus víctimas seguían buscando justicia.

Las piezas del rompecabezas migratorio encajaron con lentitud pero finalmente con consecuencias: informes señalan que Quero Silva entró a EE. UU. en 2016 y permaneció más allá del tiempo permitido por su visa. A finales de febrero de 2025 agentes del ICE lo detuvieron, calificándolo de "extranjero ilegal y criminal de Venezuela". Permaneció detenido en el centro para migrantes Krome de Miami mientras se desarrollaba un proceso migratorio.

En noviembre de 2025 un juez determinó que Quero Silva "había participado en violaciones a los derechos humanos en Venezuela" y ordenó su salida del país. Frente a esa resolución, el exmilitar apeló para evitar la deportación. Paradójicamente, las víctimas como Uzcátegui temen que la deportación les niegue la posibilidad de que responda también ante la demanda civil que presentaron en Estados Unidos bajo la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura (TVPA).

Esa demanda, introducida a finales de 2025 con el apoyo del Centro Guernica 37, acusa a Quero Silva de haber ordenado, autorizado y supervisado torturas contra manifestantes y detenidos, incluidos los cinco demandantes. Las autoridades legales explicaron que una acción civil permite que las víctimas busquen reparación en un tribunal estadounidense cuando los procesos penales no están en manos de particulares y dependen del Departamento de Justicia.

Los hechos son tozudos: reconocimiento público en Miami, entrada a EE. UU. en 2016, detención migratoria en 2025, la determinación judicial de participación en violaciones de derechos humanos y la demanda civil respaldada por una ONG especializada. No son florituras retóricas; son pasos de un proceso que interroga a nuestras instituciones: ¿cómo fue posible que alguien señalado por torturas encontrara cobijo y un papel en la industria del entretenimiento al otro lado de la frontera? ¿Qué falló en los controles migratorios y en los mecanismos internacionales de rendición de cuentas?

La respuesta no se improvisa aquí. Pero los hechos exigen decisiones firmes: proteger a las víctimas, garantizar que los procesos civiles puedan surtir efecto sin que la deportación borre la posibilidad de reparación, y mejorar los filtros que permiten que acusados de crímenes de lesa humanidad se reubiquen y normalicen en nuevas comunidades. La impunidad no solo vulnerable a las víctimas; corroe la credibilidad de quienes dicen defender el Estado de derecho.

Que la escena final no sea otra muestra de impunidad: que la justicia, en los tribunales competentes y con las garantías debidas, siga su curso y dé a las víctimas la oportunidad de ser oídas y reparadas. Mientras tanto, la memoria de quienes sufrieron torturas no puede ser relegada al olvido por un trámite migratorio ni por un decorado de telenovela.