Solo Madrid cumple la exigencia europea: capacidad para activar cuarentenas inmediatas

La reciente alarma por el brote de hantavirus en un crucero, y la llegada prevista de 14 españoles al Hospital Gómez Ulla, ha mostrado sin ambages una diferencia operativa y jurídica entre administraciones. Mientras la Unión Europea marcó en 2022 el deber de disponer de planes operativos frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, la Comunidad de Madrid es, hoy por hoy, la única que puede decir que cumple esa exigencia con un esquema plenamente operativo.

El Plan de Preparación y Respuesta frente a Emergencias de Salud Pública, presentado por la Comunidad de Madrid el 30 de abril en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, fija cuatro niveles de alerta y contempla desde la vigilancia inicial hasta la activación de cuarentenas obligatorias. Ese diseño prevé, además, la ratificación judicial cuando las medidas afectan a derechos fundamentales: un principio que la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha destacado como garante de actuación "sin improvisación".

En la práctica, el plan madrileño detalla el procedimiento: resolución de aislamiento, informe epidemiológico y ratificación judicial inmediata. También incorpora capacidades materiales y logísticas que otras comunidades, según el propio dossier, no han desarrollado: la UATAN (Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel) del Hospital La Paz–Carlos III, un sistema de traslados de riesgo biológico operado por SUMMA 112, simulacros periódicos y una reserva estratégica sanitaria actualizada.

En contraste, el Ministerio de Sanidad y el de Defensa no han comunicado un protocolo estatal equivalente que aclare, por ejemplo, si los 14 españoles del crucero deberán guardar cuarentena al llegar a Madrid. Esa ausencia obliga a evaluar cada caso sobre la marcha, como ya ha sucedido en crisis anteriores con patógenos emergentes, y explica la incertidumbre práctica ante amenazas de alcance transfronterizo.

El dato es incontrovertible: existe un reglamento europeo que exige preparación y la Comunidad de Madrid ha presentado un plan que sus responsables sostienen que cumple ese mandato. El Estado, por ahora, carece de un instrumento análogo público y detallado. En una materia donde la rapidez, la logística y la legalidad son inseparables, esa asimetría entre administraciones no es un matiz técnico: es la diferencia entre disponer de un mecanismo para actuar desde el primer minuto y tener que improvisar decisiones caso por caso.