Silencio oficial ante Gibraltar: la comarca merece respuestas, no gestos

El silencio del Gobierno cuando las aguas del Campo de Gibraltar reclaman certezas es un acto de desatención que no puede enjugarse con frases hechas. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a denunciar lo que ya muchos ven con alarma: la comarca no ha recibido información por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el tratado y sobre el fin de la Verja, ni siquiera antes de la reunión de embajadores celebrada en Bruselas.

No es un reproche menor. La falta de comunicación previa a representantes locales en un asunto que atañe directamente a la vida cotidiana de la comarca revela, cuando menos, una gestión deficiente de una materia sensible. Las dudas que plantea Landaluce no son abstracciones retóricas: apuntan a problemas concretos y de consecuencias tangibles, como los desastres ambientales que, según denuncia, la colonia está provocando en la bahía de Algeciras.

Rellenos en aguas españolas y vertidos de buques son realidades señaladas por el alcalde y que, a su juicio, no están contempladas en las respuestas oficiales. Preguntas sencillas —qué ocurrirá con esos vertidos, quién asumirá responsabilidades, cómo se protegerán las aguas y el litoral— siguen sin respuesta pública conocida por las fuentes locales.

En momentos en los que las decisiones de Estado se tratan en foros internacionales, la exigencia de transparencia y de coordinación con las autoridades locales no puede ser una opción ornamental. Si la Unión Europea y los embajadores debaten el futuro de la Verja y los efectos del tratado, los afectados directos merecen estar informados y preparados para los cambios.

No se trata de política menor: es prudencia elemental y respeto institucional. Ignorar la inquietud de una comarca que convive diariamente con las realidades físicas y ambientales del Estrecho es una torpeza que puede acarrear daño ecológico y social. El Gobierno debe clarificar, con datos y con interlocución directa, las medidas previstas para atender las preocupaciones sobre vertidos y rellenos y explicar por qué no se dio información previa a los alcaldes antes de la reunión de Bruselas.

Solo con transparencia, con la palabra pública como brújula y con la responsabilidad compartida entre las administraciones, se podrá conjurar la incertidumbre. Mientras tanto, el silencio oficial seguirá alimentando dudas legítimas en quienes tienen a su cargo la defensa del litoral y del interés general del Campo de Gibraltar.