Secretos sellados: Suiza, Mengele y la deuda con la verdad

Suiza ha anunciado que finalmente permitirá consultar los expedientes sobre Josef Mengele, el médico nazi responsable de selecciones y experimentos en Auschwitz, pero la promesa llega envuelta en condiciones y sin una fecha precisa. Esa cautela gubernamental —archivos sellados hasta 2071 por motivos de ‘‘seguridad nacional’’ y protección de familiares— ha prolongado la sombra y las preguntas durante décadas.

No se trata de una curiosidad académica. Mengele huyó de Europa tras la guerra y, con documentos de identidad falsos expedidos por la Cruz Roja en el consulado suizo de Génova, llegó a Sudamérica. Pese a ello, existen indicios documentados de vínculos con Suiza: unas vacaciones de esquí con su hijo en 1956 son públicas desde los años ochenta; en 1959 había una orden internacional de arresto; y en junio de 1961 el servicio de inteligencia austríaco advirtió a Suiza de que Mengele podría estar en territorio helvético bajo identidad falsa.

Las piezas que saltan del expediente —una esposa que alquiló un apartamento en Zúrich, la vigilancia policial del domicilio en 1961 y la observación de un hombre no identificado con la señora Mengele— alimentaron la inquietud de historiadores que solicitaron acceso. Les fue negado. El Archivo Federal Suizo mantuvo el cierre alegando seguridad nacional y protección familiar; decisiones que historiadores como Regula Bochsler y Gérard Wettstein calificaron de obstáculo para la investigación.

Cuando la negativa llevó a procesos judiciales y campañas de micromecenazgo —Wettstein recaudó 23.000 dólares en días para afrontar el litigio— la presión pública y académica logró un giro: el Servicio Federal de Inteligencia anunció que concederá acceso al expediente, ‘‘sujeto a condiciones y requisitos aún por definir’’. Una apertura a medias que puede disipar dudas o perpetuarlas, según se establezcan límites y plazos.

En este episodio conviven cuestiones de seguridad, migración y memoria histórica. La posibilidad de que criminales de guerra usaran rutas o consulados para conseguir documentos legítimos —como los pasaportes de la Cruz Roja emitidos en Génova— interpela la gestión de fronteras y controles documentales de la posguerra. También pone en evidencia que la protección de la seguridad nacional puede entrar en tensión con el derecho a la verdad y con la necesidad de esclarecer responsabilidades en episodios de criminalidad extrema.

La decisión suiza, por tanto, no es neutral: o desactiva sospechas y clarifica hechos, o alimenta teorías y deja dudas pendientes. Hay hechos incontestables en el expediente publicado por la BBC: orden internacional de arresto en 1959, advertencia de inteligencia austríaca en 1961, vigilancia policial en Zúrich y repetidas negativas de acceso hasta recientemente. Sobre esa base, la comunidad histórica y la sociedad civil exigen transparencia clara y plazos concretos, no dilaciones que parezcan proteger silencios.

Que las democracias y los servicios de inteligencia sepan equilibrar la seguridad con la investigación histórica es una exigencia moral y de seguridad pública. Abrir archivos es corregir un desajuste: permite entender cómo operaron redes, qué fallas en control migratorio y documentario facilitaron impunidades, y cómo evitar que mecanismos similares vuelvan a activarse. Si la apertura de Suiza cumple lo anunciado, quedará demostrar que no fue una cesión cortoplacista sino un compromiso real con la verdad y con la memoria de las víctimas.