Rescate fallido, responsabilidad pública: la radiografía pericial de Plus Ultra

El informe pericial encargado por el Juzgado y firmado por Pedro Marín Molina establece, sobre la base de las cuentas y documentación examinadas, una conclusión tajante: cuando el Estado concedió 53 millones de euros a Plus Ultra, la aerolínea ya se hallaba en situación de crisis e insolvencia y llevaba, según el perito, un año en causa de disolución.

No es una especulación retórica; es la apreciación de un abogado, economista y administrador concursal que fue el único perito independiente que evaluó las cuentas en 2021 por encargo judicial. Molina subraya que la ayuda pública se concedió en ocho meses, un plazo muy inferior al que exigía un estudio riguroso de la situación real de la empresa.

Los documentos citados en el peritaje revelan dudas expresadas por los asesores implicados: Deloitte advirtió de la incertidumbre sobre si Plus Ultra cumplía el principio de empresa en funcionamiento, y DC Advisory puso de manifiesto problemas de caja. Es decir, no había seguridad jurídica de que la compañía tuviera derecho al rescate por pandemia.

El informe describe además recursos contables utilizados para evitar que los fondos propios aparecieran negativos: un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp que obligaba a inmovilizar la mayor parte de los fondos en un banco de Dominica; dotaciones de provisiones; y el canjeo de bonistas con el embargo de un avión. Esos instrumentos contables, según Molina, permitieron que no constaran más pérdidas en las cuentas.

En la propia contabilidad del grupo se detectaron pagos «cuantiosos» a sociedades ajenas a la operativa normal. El perito cita, como ejemplo documentado, al menos un pago de 700.000 euros a un intermediario. Molina reconoce que con la documentación suministrada para la pericia no pudo llegar más lejos, pero advierte que existieron transferencias que no encajaban con gastos habituales de la aerolínea.

La Fiscalía Anticorrupción investiga, según fuentes judiciales, posibles operaciones vinculadas a blanqueo a través de créditos puente y otros préstamos; en el peritaje constan préstamos desde domicilios como Gibraltar y la presencia de Panacorp como acreedor con condiciones no convencionales.

En el plano procesal, Molina afirma que el procedimiento se cerró «en falso» por problemas de tramitación: la sustitución judicial y el transcurso de plazos impidieron proseguir diligencias, con lo que quedó una instrucción inconclusa.

Y frente a las expectativas oficiales sobre la devolución del rescate, el perito es rotundo: es imposible que Plus Ultra devuelva todo el rescate en el plazo previsto de 2028. Esa imposibilidad, explica Molina, se deduce de la situación de insolvencia constatada y de la magnitud de las obligaciones pendientes —entre ellas un préstamo ordinario de 19 millones mencionado en su intervención—.

A la vista de estos hechos constatados por el peritaje, la pregunta es clara y de interés público: ¿se reforzarán las diligencias periciales para esclarecer qué se hizo con los 53 millones y si atendieron realmente las necesidades operativas de la aerolínea, o quedará la rendición de cuentas a medias, como ocurrió en la fase previa? El propio perito apunta a la utilidad de ampliar la pericial para determinar el destino del dinero público.

No se trata de arengas políticas sino de hechos documentados: informes con reservas técnicas, préstamos con condiciones atípicas, pagos a terceros fuera de la operativa y la opinión experta de que la empresa estaba en causa de disolución antes del rescate. Esa concatenación de hechos reclama, por responsabilidad pública, claridad, investigación completa y respuesta judicial sobre el uso de fondos públicos.