Regularizar con antecedentes: el reglamento que promete certezas y plantea dudas

El Gobierno ha publicado en el BOE una reforma del Reglamento de Extranjería que pretende abrir la puerta a una regularización extraordinaria diseñada para más de medio millón de personas. Es una decisión de calado, con vocación masiva, que transforma la casuística en norma y deja en manos administrativas la valoración última sobre la convivencia y la seguridad pública.

La norma fija requisitos claros: acreditar la ausencia de condena penal firme y certificar que el solicitante no representa una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública. Pero introduce una salvedad decisiva: la existencia de antecedentes en el informe policial "no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación". Traducido al terreno práctico: no basta con un apunte en una base policial para expulsar a nadie; hará falta la valoración concreta del informe.

Esa valoración corresponderá a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y en la mayoría de los casos la resolución final recaerá en la Dirección General de Gestión Migratoria. Serán los funcionarios quienes recaben de oficio el informe policial, el certificado del Registro Central de Penados y las bases de datos de la UE, con un plazo previsto de quince días para estas diligencias.

La propia norma exige una valoración "casuística y circunstanciada": examen uno por uno, circunstancia por circunstancia. El Ejecutivo asegura que ha dimensionado el operativo y que la UTEX está reforzada con personal de Tragsa, Tragsatec y funcionarios adheridos a un "plan de choque" para cumplir con la admisión a trámite en los primeros 15 días. Es un despliegue administrativo que busca velocidad y control burocrático, un intento de combinar amplitud con tramitación ágil.

El procedimiento ya está en marcha: el plazo para presentar solicitudes arrancó y concluye el 30 de junio; quienes lo deseen pueden remitir documentación por el portal habilitado y pedir cita previa para atención presencial, que comienza el 20 de abril. La norma también define qué son los "antecedentes policiales": apuntes por detenciones, investigaciones o diligencias sin condena firme, que incluyen desde denuncias por altercados hasta hechos relacionados con violencia doméstica o delitos contra la seguridad vial.

Queda, sin embargo, una tensión inherente: la línea que separa la aplicación técnica del Derecho y la prudencia en materia de seguridad ciudadana. El reglamento apuesta por el examen individualizado frente al veto automático; el riesgo, en la práctica, será que la casuística se convierta en arbitrariedad o que la carga operativa diluya la oportunidad de un análisis riguroso. El Ejecutivo sostiene que está "preparado"; los hechos —los expedientes, los informes, las resoluciones— serán la prueba definitiva.