Que la Comisión actúe: la equidad informativa no admite atajos

No se trata de mera discusión retórica ni de un desacuerdo protocolario: hablamos de las reglas básicas que sostienen la confianza ciudadana en las estadísticas públicas. La vicepresidenta del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha planteado a la Comisión Europea una pregunta escrita tras la difusión, el pasado 6 de abril, por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de datos relativos a la afiliación a la Seguridad Social antes de su publicación oficial prevista en el calendario estadístico.

Montserrat, que además es secretaria general del Partido Popular Europeo, solicita a la Comisión que actúe con firmeza y aclare si esa difusión anticipada vulnera el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. Recordó, en su iniciativa, que el marco europeo —concretamente el Reglamento 2019/2152 y el citado Código— establece principios de independencia profesional, imparcialidad y difusión simultánea de los datos.

La eurodiputada denuncia que la publicación previa en redes sociales rompió el embargo informativo que rige para este tipo de indicadores y que constituye, en su valoración, un “uso claramente partidista” de información que debe ser pública, accesible y simultánea para todos los ciudadanos. Pide, además, que la Comisión explique qué mecanismos existen a nivel europeo para prevenir este tipo de prácticas y garantizar la igualdad de acceso a la información estadística.

En su pregunta escrita, Montserrat advierte que cuando un Gobierno accede antes que nadie a datos sensibles y los utiliza con fines políticos se rompen las reglas del juego democrático, se vulnera la imparcialidad estadística y se erosiona la confianza en las instituciones. También apunta a lo que califica de patrón preocupante del Ejecutivo español en la apropiación de datos públicos para construir relatos favorables.

Por eso el Grupo Popular exige a la Comisión que evalúe el caso y actúe para asegurar el respeto a los principios de independencia y neutralidad estadística en todos los Estados miembros. La demanda es clara: las estadísticas oficiales no pueden convertirse en atajos de comunicación política, sino que deben regirse por transparencia, igualdad y las normas europeas que las protegen.