Perú como espejo incómodo: la peruanización que algunos celebran y otros temen

Perú ha emergido en los discursos oficiales como un espejo. No por afinidad cultural ni por tamaño económico —Argentina duplica a Perú en PIB según el Banco Mundial—, sino por su relativa estabilidad macroeconómica, a la que funcionarios del Gobierno argentino miran con admiración.

La comparación no es neutra ni accidental. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en marzo de 2025 que “ahora Argentina se parece a un país normal, por ejemplo, te puedo decir Perú”, y subrayó que allí los cambios presidenciales no alteran la macroeconomía. Ese argumento encuentra un pilar tangible: el banco central peruano ha tenido casi dos décadas bajo la dirección del economista Julio Velarde, un dato que sirve como ejemplo de continuidad técnica en medio de turbulencias políticas.

Pero la historia no se reduce a cifras macro. El contraste es brutal en el frente social: mientras el Producto Interno Bruto anual argentino en 2024 fue de US$638.000 millones frente a US$289.000 millones de Perú, la inflación muestra una distancia abismal. En 2024 el costo de la vida en Argentina subió 219% anual, frente a apenas 2% en Perú, según el Banco Mundial. Esa diferencia explica por qué la estabilidad es hoy un objetivo proclamado y un emblema de la gestión que busca contener la carestía.

Los partidarios de los ajustes ven en la experiencia peruana un ejemplo de disciplina fiscal, independencia del banco central y reformas orientadas al mercado; una hoja de ruta que figuras como el propio Caputo y otros en el Gobierno recalcan como necesaria para estabilizar la economía. Hay, además, informes que atisban mejoras: la inflación ha venido cayendo durante la administración actual y un informe de marzo del banco BBVA estimaba para 2026 una inflación alrededor del 24%.

Sin embargo, la referencia pune otras preguntas. La oposición, representada por voces como Axel Kicillof —quien afirmó que el Gobierno “dice abiertamente que es un modelo que quiere ser Perú o Panamá” y advirtió sobre sociedades con menor clase media, alta informalidad y restricciones en el acceso público a la educación y la ciencia—, ve en esa peruanización un riesgo para la cohesión social. No son afirmaciones gratuitas: forman parte del debate público y están registradas en el intercambio de argumentos sobre el rumbo económico.

Hay paralelismos históricos que alimentan ambos extremos del debate. Expertos peruanos recuerdan que su país atravesó hiperinflación en los años ochenta y noventa antes de asentarse en un régimen de estabilidad apoyado en pilares macroeconómicos. Algunos académicos señalan que Argentina hoy emprende un esfuerzo ambicioso que replica esos mismos principios. Otros, en cambio, subrayan los límites de la comparación: la persistencia de crisis económicas anteriores en Argentina complica la reconstrucción de credibilidad y las expectativas de hogares y empresas.

La pregunta elemental que queda sobre la mesa es política tanto como técnica: ¿qué se está dispuesto a priorizar para parear la estabilidad con la justicia social? La admisión pública de un “modelo Perú” desnuda una elección de política económica que tendrá consecuencias tangibles en el tejido social. No es una cuestión de nostalgia comparativa sino de decisiones concretas que el país está adoptando y de sus efectos reales sobre los estratos sociales.

Habrá que vigilar, con rigor y sin pasión retórica vacía, si la estabilización anunciada logra sostenerse junto a políticas que preserven la movilidad social y la educación pública. Porque emular estabilidad es legítimo; convertirla en excusa para desmantelar capas esenciales del pacto social, no lo es. Las lecciones peruanas están ahí: eficiencia técnica y continuidad institucional pueden convivir con retos significativos en materia de desigualdad. Argentina no debe ignorar ni romantizar ninguna de las dos caras.