Pekín aguarda la firma de Sánchez: ¿España se suma a la nueva Ruta de la Seda?

En septiembre de 2013, Xi Jinping presentó una ambiciosa iniciativa que ha marcado la política exterior de Pekín: la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), conocida como la nueva Ruta de la Seda. Desde entonces, con respaldo de constructoras estatales y bancos de desarrollo chinos, el proyecto ha financiado carreteras, puentes, aeropuertos, ferrocarriles, centrales eléctricas y centros de telecomunicaciones por todo el mundo.

Más de 150 países han suscrito memorandos de entendimiento del BRI. España, sin embargo, no figura entre los firmantes. Pese a ello, Madrid recibe inversiones vinculadas a esa estrategia: empresas chinas participan en infraestructuras, logística y energía en nuestro país, y firmas españolas operan en proyectos promovidos por Pekín en terceros mercados.

Fuentes oficiales chinas han trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez el deseo de que España se incorpore formalmente al BRI. Es, sobre el papel, un gesto simbólico; pero en la práctica, una adhesión tendría —según Pekín— una carga diplomática relevante dentro de la ofensiva global de influencia china.

El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido, desde 2015, el gran defensor en España del proyecto. Zapatero estrechó vínculos con instituciones y foros vinculados al Partido Comunista chino, facilitó conexiones entre grandes corporaciones estatales chinas y el mercado europeo y elogió la BRI como un vínculo entre civilizaciones y un proyecto que promueve la paz. En 2019 China consideró a Zapatero entre los valedores internacionales del proyecto, año en que participó activamente en foros de promoción del BRI.

La presencia china en España se manifiesta en inversiones concretas: COSCO controla terminales en los puertos de Valencia y Bilbao; China Railway Construction Corporation tiene participación en la constructora Aldesa, vinculada a proyectos de ADIF; China Communications Construction Company adquirió el control del Grupo Puentes a través de una filial; y empresas como CATL, Chery o BYD desarrollan proyectos de baterías y vehículos eléctricos en la península.

Estas operaciones han desatado debate público sobre dependencia tecnológica, transparencia de contratos y riesgos estratégicos. En el exterior, la BRI también ha generado críticas por la opacidad de sus préstamos, estándares ambientales y sociales dudosos y preocupaciones sobre la ampliación de la influencia política de Pekín.

En Europa la respuesta es un mosaico: varios países de Europa Central y del Este firmaron marcos de cooperación; Reino Unido, Francia y Alemania han evitado compromisos formales; Italia se adherió en 2019 como único país del G-7 y, posteriormente, en 2023 la primera ministra Giorgia Meloni retiró a su país del proyecto alegando la protección de intereses nacionales frente a riesgos financieros y geopolíticos.

La cuestión que queda abierta para España es clara y factual: mientras Pekín desea una firma formal de Madrid y actores españoles han facilitado el acercamiento con China, España mantiene una posición práctica de receptor de inversiones conectadas al BRI sin haber rubricado hasta ahora su adhesión. Los debates sobre ventajas económicas y riesgos estratégicos, de transparencia y de soberanía, siguen sobre la mesa.